La dimisión de Santiago Francisco Albarracín en YMAD abría la oportunidad para un gesto federal del que la Casa Rosada prefirió abstenerse.
El fracaso del renunciante como titular del directorio, puesto al que accedió en febrero de 2016 por decisión unilateral de Presidencia de la Nación, fue un fracaso sin atenuantes en el que la impericia u otros defectos menos admisibles tuvieron tanta gravitación como una perspectiva empresaria divorciada de la realidad y la idiosincrasia catamarqueñas.
El resultado que podía esperarse de su gestión era casi indefectible. La falta de antecedentes que lo habilitaran para moverse con solvencia en el complejo mundo de la minería podría haberse salvado quizás; la carencia de compromiso con la provincia a la que le corresponden el 60% de las utilidades de la firma, en cambio, era escollo insuperable.
Albarracín sumergió a YMAD en una lógica de ajuste perpetuo que agotó las reservas en dinero y mineral legadas, al mismo tiempo que extendió entre el personal una desazón generalizada, por los despidos y por el rumbo asumido.
El cierre de la planta refinadora del oro y la plata extraídos de Farallón Negro que funcionaba en Capital fue anticipo ominoso de lo que vendría. Albarracín empezaba destruyendo un emblema único en el país.
La producción de YMAD se derrumbó, las condiciones de seguridad en el yacimiento se flexibilizaron y hasta hubo un muerto: Víctor Miranda, de 35 años, falleció en enero de 2017 aplastado por un desprendimiento de rocas mientras realizaba trabajos de limpieza y acondicionamiento de un frente de perforación.
Tamaña sucesión de desatinos, que cerró con la sugestiva decisión de reemplazar al Banco Nación en la administración de los recursos de la firma, afirmó la presunción de que, en realidad, las intenciones del Gobierno nacional era vaciar la empresa interestadual y liquidarla.
Hubo algunas expectativas de que la renuncia de Albarracín, cuyos motivos no trascendieron, supusiera un cambio de fondo, que sacara a YMAD de la devaluación.
Puesto que a la Provincia de Catamarca tiene el 60% de las utilidades, podría haberse erigido en la Presidencia a un catamarqueño, hecho político que no ocurre desde la menemista década del ?90, en la que el cargo fue ocupado durante un período por Luis Manuel Álvarez.
Incrementar la incidencia institucional de la provincia en la firma hubiera sido una señal concreta de que la Casa Rosada estaba dispuesta, al menos en lo que concierne a la minería, a asumir una visión más federal.
Se eligió la continuidad del centralismo. Suplanta a Albarracín el contador Luis de Miguel, quien se venía desempeñando como gerente general de la empresa.
En este caso el currículum es más consistente. De Miguel formó parte de la conducción de empresas de los sectores minero, petrolero, petroquímico y turístico. Fue miembro también del comité operativo de la UTE del área petrolera Puesto Hernández y titular de la comisión de impuestos formada por las petroleras las áreas centrales hidrocarburíferas argentinas. Un detalle curioso, pintoresco: integra las redes de un "grupo de apoyo" al controvertido presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.
Esta acumulación de certificados y el carácter "bolsonarista" del sujeto podrán ser muy impactantes, pero de ningún modo garantizan que los intereses de Catamarca vayan a ser tenidos particularmente en cuenta por él, pese a que es Catamarca la propietaria del yacimiento Farallón Negro, del que YMAD se nutre además de las utilidades que le arroja la explotación de Bajo La Alumbrera, también localizada en Catamarca, de la que es socia en un 20%.
No hay indicios de que la salida de Albarracín vaya a traducirse en un mejor posicionamiento de Catamarca dentro de YMAD. Por el contrario, el movimiento administrativo se asemeja a un mero enroque cosmético, operado bajo la concepción centralista de la Casa Rosada que relega al interior a papeles subsidiarios
El Ancasti
