Catamarca: Nafta al fuego

La morosidad judicial extendió innecesariamente la crisis minera en Andalgalá, que degeneró en violencia con la incineración de las oficinas de la empresa Agua Rica y el ataque a la sede del PJ.

 

Los activistas antimineros comenzaron a ser detenidos 48 horas después de los incidentes y fueron liberados recién ayer, a dos semanas del reventón.

Las repercusiones por la polémica  habían quedado circunscriptas en las primeras horas posteriores a los ataques a Catamarca, pero hicieron metástasis y cobraron relieve nacional a partir de las capturas, que desencadenaron manifestaciones de solidaridad con los presos y su causa en todo el país. Las más significativas fueron suscriptas por figuras emblemáticas de sectores vinculados a la defensa de los derechos humanos, como la referente de Madres de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas y el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, o dirigentes del oficialismo nacional como Juan Grabois, recientemente designado funcionario en el Vaticano por el Papa Francisco.

Por obvias, no vale la pena extenderse sobre las diferencias entre las varas aplicadas por el Poder Judicial para sostener la detención de los presuntos revoltosos antimineros y caracterizados sospechosos de otras contravenciones, incluso más graves, que recuperan la libertad en pocas horas, si es que llegan a perderla en algún momento. El exintendente José Perea, por ejemplo, fue procesado por la presunta malversación de la renta minera andalgalenses sin haber padecido jamás las incomodidades del presidio y el rastreo de fondos para abonar cauciones.

El asunto es que los operadores judiciales tenían que vivir aislados en un termo para no ver las peligrosas proyecciones de la causa que les había caído entre manos y el potencial erosivo de sus derivaciones. La fractura en torno a la minería que divide a la sociedad de Andalgalá demandaba respuestas rápidas y prudentes, que restringieran el espacio a maniobras de corte faccioso.

De entrada nomás, la fiscal que se hizo cargo de la investigación fue la subrogante Soledad Rodríguez, a quien los ambientalistas no tardaron en relacionar con las empresas mineras, en reemplazo de Martha Nieva, que estaba de licencia y recuperó el control del expediente más de diez días después de iniciado.

Agotados los plazos para mantener detenidos a los encartados, Nieva no encontró motivos para requerir su prisión preventiva. Para liberarlos se les fijó una caución de 300 mil pesos, impagable para la mayoría. Pasaron el fin de semana cautivos y ayer volvieron a la calle, tras la reducción de la fianza a la mitad. Se desconoce por qué esta decisión no se tomó antes, al menos para distender el enrarecido clima social.

Entre el 10 de abril y ayer, la grieta minera se afianzó y profundizó en la Perla del Oeste, enfilada ya entre emblemas del ambientalismo como Famatina, Chubut o Mendoza.

La ineficacia judicial fue el factor más importante en esta involución. Implicó gravosos costos políticos al Gobierno, que no recibió de sus referentes a nivel nacional una sola manifestación de respaldo para contraponer a los mandobles que le descargaba la antiminería galvanizada por la causa Andalgalá mientras la Justicia pisaba sus resoluciones y tiraba así nafta al fuego, como si el nitroglicerínico y polarizado escenario precisara mayores estímulos para estallar.

Desandar la grieta minera resultará más costoso ahora que se ha instalado la idea de que los antimineros fueron víctimas de arbitrariedades, sea esto cierto o no. Cada incidente de la causa atraerá miradas de todo el país, cada sentencia será objeto de minuciosas críticas.

Los supuestos insurrectos se han fortalecido desde el punto de vista político. Y como se ha dicho en este mismo espacio, con insistencia plúmbea: la controversia minera no es de naturaleza jurídica, sino política

El Ancasti