Catamarca: Los Apuntes del Secretario, analizan la liberación de los detenidos por los incidentes en Agua RIca

Más allá de la libertad que dispuso la Justicia a favor de los vándalos que atacaron las instalaciones de Agua Rica y del PJ el sábado 10, la situación de tensión en Andalgalá se mantiene.

 

A pesar de haber logrado objetivos inconfesables, el intendente Eduardo Córdoba no goza de las simpatías de gran parte del pueblo y de ninguna manera se lo considera un garante de la paz social, toda vez que se trata de un confeso militante de la antiminería que nada hizo por evitar que la turba avanzara contra instalaciones públicas que, como gobernante, tiene la obligación de hacer respetar. Independiente de su pasividad e indolencia, se lo considera un defensor acérrimo de la asamblea “El Algarrobo” por su estrecha relación con varios de sus miembros, especialmente con una de las líderes del movimiento: Marisol Orellana.

La fiscal Marta Nieva, como se sabe, dispuso la libertad de todos los detenidos que participaron del ataque, pero la verdad sea dicha que no la sacaron barata. Permanecieron privados de la libertad por casi dos semanas, siguen ligados a la causa y podrían terminar con condenas si finalmente los hechos llegan a juicio oral y público, que es lo que corresponde. Aparte, para quedar libres se les impuso una caución de 300.000 pesos. Muchos la consideraron una suma exagerada, pero los antecedentes indican que no es así. Hace pocos meses, en la misma Andalgalá, se pidió una caución de 200.000 pesos a un detenido que, por agresión física, fue denunciado por su novia.

Difícilmente la concejal recreína Melissa Herrera (Frente de Todos), después de haber estafado económica y moralmente a su exempleada doméstica –Yesica Romero-, pueda permanecer en su banca por mucho tiempo. Ni sus compañeros de bancada, ni mucho menos la oposición, pueden tolerar que esta mujer haya urdido una bochornosa maniobra utilizando a un pobre y humilde ciudadana para quedarse con dinero público. Como se informó por los diferentes medios, Herrera había nombrado directora de prensa a Romero sin que esta supiera nada o estuviera en la creencia de que su jefa le tramitaba una beca de 4.000 ó 5.000 pesos. Nada que ver con la realidad. La concejala, aparte de su sueldo, se embuchaba más de 40 lucas que objetivamente le pertenecían a su exempleada doméstica. La denuncia está hecha y la Justicia tiene que actuar, pero antes deberían hacerlo los concejales y considerar intolerable lo que se hizo. A propósito del deleznable hecho, subjetivamente algún medio comparó al caso con un intento similar que no alcanzó a concretar la dirigente Victoria Donda, aunque si terminó aceptando que negoció un puesto público con su empleada. No habría que haber ido tan lejos para la comparación cuando en nuestra propia tierra hay casos concretos que llegaron a la Justicia, como el del exdiputado Juan Carlos Balverdi (le cobraba la mitad del sueldo a su secretario para entregarle a su hijo) o de la actual diputada Natalia Saseta, que repartía un sueldo entre dos militantes del PRO.

El Esquiú