Catamarca/el mirador político: Volver al sueño dorado

Entre 2004 y 2010, Catamarca vivió una etapa extraordinaria.

 

Confluyeron en esos años el incremento de los ingresos por coparticipación con los de la renta minera compuesta por las regalías y las utilidades de la explotación del yacimiento Bajo La Alumbrera. Un volumen de recursos fiscales inédito para la Provincia.

Agotado Bajo la Alumbrera, la política provinciana cifró sus esperanzas de reedición de un período similar en Agua Rica, yacimiento que se encuentra en las inmediaciones de Andalgalá. Por razones que se desconocen, pero se sospechan, en este caso las autoridades locales en YMAD renunciaron a asociarse con los privados y prefirieron entregar la infraestructura de Alumbrera, de un costo multimillonario, por un modesto adelanto de alquileres: 12,5 millones de dólares contra más de 800 que cuestan las instalaciones.

De todos modos, la resistencia social difiere el inicio de las actividades en Agua Rica y las expectativas se concentran en el litio. Oro Blanco, estrella del momento, objeto de operaciones publicitarias oficiales y corporativas con escaso correlato en la realidad.

Los aportes de la actividad minera, en la “Catamarca minera” que postuló el presidente de YMAD, Fernando Jalil, no llegan al 1% de Presupuesto provincial: poco más de mil millones de pesos en 15 meses, después de que el Gobierno purgara el padrón de especuladores.

Esta exigüidad de las contribuciones al fisco contrasta con la insistente prédica que atribuye a la minería un rol cuasi mesiánico como fuente de financiamiento de desarrollo sustentable. Los mil millones de pesos de 15 meses se licuaron, por ejemplo, en el fondo de auxilio al sector privado implementado en el marco de la pandemia.

Si la Provincia pretende obtener mayores dividendos para volcarlos en políticas públicas tendientes a promover el desarrollo, es preciso romper con la inercia que adjudica a los mineros el rol de benefactores y plantear la relación en otros términos.

En tal sentido, el Gobierno estaría trabajando en un nuevo diseño legal e institucional para sus relaciones con las litíferas siguiendo el diseño de Jujuy, cuyo gobernador, Gerardo Morales, firmó una carta de intención con la empresa China Ganfeng Litihum para instalar una fábrica de baterías de litio en esa provincia.

El acuerdo es el resultado de tratativas con capitales privados para participar con un 12% de las utilidades por la extracción del “oro blanco” y, lo más importante, la participación de la Provincia como socia en la fabricación de baterías de litio por medio de la sociedad del Estado Jujuy Energía y Minería (JEMSE).

La asociación entre el Estado y los inversores privados tiene precedentes además en otros países, como Bolivia y México, que incluso se reservó yacimientos de litio para fortalecer su postura en la mesa de negociaciones.

Insignificante

Los mil millones y chirolas que la minería depositó en 2020 y el primer trimestre de este año se integran con regalías (109,5 millones), canon (64,9 millones), fideicomiso de Salar del Hombre Muerto (740,7 millones), responsabilidad social empresaria (93,9 millones) y aportes adicionales (20,6 millones).

El dinero, informaron desde el Gobierno, se invirtió en obras de infraestructura. La lista proporcionada pretende ser impactante. Surge cada tanto, sin embargo, información decepcionante.

En noviembre del año pasado, por ejemplo, el Gobierno anunció la repavimentación de la ruta provincial 43 El Peñón- Antofagasta de la Sierra. La obra había sido inaugurada por la exgobernadora Lucía Corpacci el 26 de noviembre de 2019 y tuvo una vida útil de menos de un año, cuando se estimaba que debía durar diez. Debido a su deterioro, el Gobierno tuvo que repavimentarla.

El administrador de Vialidad Provincial de entonces, Roque Miguel Herrera, admitió entre los múltiples factores que influyeron para su desgaste el tránsito intensivo de la minería y el apuro por cortar las cintas antes de que Corpacci concluyera su mandato.

Costó en su momento $34 millones. La contribución en 15 meses de toda la actividad minera en concepto de “responsabilidad empresaria” fue de casi 94 millones. Vale decir: una sola ruta se llevó casi el 40% de los aportes empresarios ajenos a las obligaciones fiscales y no duró ni un año.

Cambios

Que la minería arroje ingresos significativos para el erario demanda un cambio en el diseño general de la política para el sector, sobre todo porque la falta de licencia social para emprendimientos como Agua Rica está lejos de obtenerse.

Las utilidades del litio son muy inferiores a las del oro y cobre, y su impacto en las economías regionales muy inferior, pues las fuentes de extracción están muy alejadas de centros poblados. Catamarca, con un yacimiento como el de Salar del Hombre Muerto, que está en funciones hace tres décadas, es testigo de esto.

El modelo es el de Bajo La Alumbrera, en el cual las utilidades triplicaron las regalías: el Estado asociado con los privados para tener participación en las utilidades, en el caso a través de YMAD.

CAMYEN es la herramienta idónea ahora para esto, aunque todavía no entre en liza. El Gobierno tiene cartas fuertes para jugar: no solo la propiedad de los yacimientos, sino también el control sobre el agua, por el que las firmas pagan chauchas.

Hay varios ejemplos de vinculación de los Estados con los privados desde una posición de fuerza, aparte del jujeño. Bolivia, por caso, limitó la inversión extranjera para que el procesamiento del litio se realice en el país. México negocia con potenciales inversores de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Japón y Reino Unido futuras extracciones, con la condición de que la elaboración de baterías y el ensamble de automóviles eléctricos se realice allí.

Replicar el período dorado 2004-2010 de la renta minera en alza es posible si la Provincia equipara el nivel de sus exigencias con lo que las empresas que extraen y exportan litio ganan. Hace falta decisión política.

Se constituyó una mesa regional del litio con Salta y Jujuy. Mucho pronunciamiento, leyes que aprobarán sin hesitar las legislaturas provinciales.

No hacen falta tantas milongas para establecer una relación más equitativa con los inversores privados

El Ancasti