Catamarca: Diputados de JPC quieren informes por el personal de YMAD

Aprovecharon la denuncia de El Ancasti para buscar agua para su molino

 

Un grupo de legisladores del interbloque JPC presentó formalmente en la Cámara de Diputados un pedido de informes respecto del personal nombrado en la empresa interestadual Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio, además de detalles de sus balances económicos en los últimos años. Lo hicieron al hacer eco del planteo judicial realizado por El Ancasti ante la negativa de YMAD a dar información al respecto.

La iniciativa lleva la firma de los diputados radicales Juana Fernández, Alejandra Pons, Tiago Puente, Alejandro Páez y Diego Figueroa, hombre del PRO.

El pedido de informes abarca la nómina de personal permanente, contratado, cargos superiores y remuneraciones de los mismos.

"Ante lo informado por El Ancasti, que con fecha 04 de marzo de este año solicitó informe a la empresa YMAD (...) y ante la omisión de YMAD, el diario presentó una acción de amparo ante los Tribunales Federales de Buenos Aires, acción sumarísima de acceso a la información contra la empresa", destacaron en los fundamentos.

"Sin perjuicio de ello, es oportuno y necesario transparentar la gestión de la empresa YMAD, en la que tiene interés la provincia de Catamarca. En cuyo efecto consideramos que resulta necesario la presentación de los balances de los últimos cuatro años, conforme legislación vigente", agregaron.

El pedido

En marzo de este año, El Ancasti presentó nota en YMAD Catamarca solicitando información referida a la nómina de personal permanente y nómina de personal contratado o temporario de YMAD, incluidos cargos superiores y las remuneraciones correspondientes. Aunque por ley no puede exigirse al solicitante que motive el pedido de información pública, en este caso específico se pretendía confirmar o descartar las versiones que indican que habría al menos un exfuncionario del Gobierno designado como asesor de dicho ente, al igual que un exvocal del Directorio de dicho organismo que continuaría bajo presupuesto de la empresa pese a haber concluido su mandato, y que existirían otros cargos en los que se habría designado a familiares. La empresa minera no respondió en el plazo de treinta días y es por eso que se inició la acción judicial en los tiempos que establece el marco legal.n

El Ancasti