El juez electoral y de Minas, Guillermo Cerda, consideró que la preocupación por el anuncio que realizó la empresa canadiense Marifil Mines es "lógica", pero pidió prudencia y tranquilidad. "La gente debe saber que no se está vendiendo la soberanía provincial", expresó. Adelantó que no irá a la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, pero que enviará un escrito explicando la situación de la empresa.
Cerda comentó que lo que sucedió con Marifil, que anunció la compra de 6.528 hectáreas en Antofagasta de la Sierra, es un error en la interpretación y que seguramente se trata de la compra de un pedimento minero. "Esto puede ocurrir y estamos acostumbrados a que las empresas se vendan los pedimentos que pueden estar vencidos o abandonados. Pero debemos ser prudentes y no alarmarnos: no estamos vendiendo la soberanía de la Provincia ni mucho menos", dijo a El Ancasti el funcionario judicial.
En este sentido, confirmó que la empresa no tiene pedimentos actuales sobre esas tierras que se adjudica. "En el padrón minero hay muchas minas con pedidos que han caducado de hecho, pero no de derecho. Nosotros mantenemos esa caducidad hasta tanto aparezca un interesado serio y allí se dicta la caducidad de derecho. Hay varias causales que determinan la caducidad de un pedimento, entre ellos la falta del canon minero, la falta de inversión, la falta de la mensura, o simplemente un desistimiento. Es una política que implementamos para que no implique un trabajo extra, porque, según el Código Minero, cualquier mayor de edad puede realizar un pedimento", explicó y consideró que es un punto que deberá modificarse para combatir la especulación.
El juez aseguró que cuando Marifil quiera iniciar nuevamente trámites sobre estos pedimentos vencidos, entonces se realizará el análisis de viabilidad para aprobarlo o no.
Por otra parte, Cerda opinó que la Provincia tiene una oportunidad histórica gracias a la explotación del litio. "Hubo períodos realmente críticos, pero éste es uno muy interesante para Catamarca. Veo una expectativa esperanzadora", consideró, y aseguró que si las autoridades políticas saben negociar, "nos tienen que dejar más beneficios que los muchos o pocos que tuvimos con Alumbrera". "Nuestra experiencia nos pone en una posición de exigir un poco más a las empresas, por ejemplo en estos casos, que instalen fábricas de baterías de litio", opinó y se mostró confiado en el rol de las autoridades.
Por último, si bien hasta ayer no había sido notificado de su citación a la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, adelantó que por cuestiones de forma no asistirá, pero enviará un escrito "para llevar la misma tranquilidad a los legisladores".
Contrapunto por las tierras
La empresa Marifil se adjudica unas 6.528 hectáreas en Antofagasta de la Sierra, dividas entre los salares Fraile y Ratones. Si bien existieron pedidos por ambos proyectos, la Secretaría de Minería aclaró que solo está vigente un pedimento por 850 hectáreas en el salar de Ratones y que no existe ninguno por el de Fraile.
Sin embargo, en su sitio web, la empresa asegura que tiene permisos de exploración en ambos lugares y que está "reactivando actividades en base a investigaciones iniciadas en 2009 sobre más de 61.000 hectáreas entre Catamarca y Salta".
Este contrapunto entre lo que dice la empresa y lo que afirman las autoridades mineras motivó un pedido de informes del bloque de senadores del FCS-Cambiemos. En igual sentido, expresó su preocupación la diputada del FCS-Cambiemos Marita Colombo, quien consideró que hay una aparente falta de control que consideró inadmisible.
Sin embargo, al igual que lo expuesto por el juez Cerda, el administrador provincial de Catastro, Daniel Robledo, comentó que no existe ninguna venta de tierras mineras a la empresa canadiense y destacó que se trata de tierras fiscales. "El código minero permite que una empresa explote el mineral sin ser dueña de la tierra", explicó en su momento
El Ancasti
