Catamarca: Cara y Cruz, La ficción del diálogo y un análisis del doble juego que hace el intendente Córdoba

En el análisis se preguntan si Córdoba es el intendente de todos los anfalgalenses o solo de loos antimineros

 

Reticente. Córdoba condiciona el diálogo a que el gobernador vaya a una Andalgalá fracturada.

Andalgalá es un polvorín sobre el que la dirigencia política baila irresponsablemente. Las refriegas entre policías y ambientalistas son reventón de una tensión crónica que permanece larvada hasta que algo la reaviva.

El último episodio se encadena en una secuencia de brotes violentos iniciada 15 de febrero de 2010, cuando la Perla del Oeste ardió tras el desalojo de un piquete que impedía el paso hacia Agua Rica. Gobernaba entonces el radical Eduardo Brizuela del Moral, Lucía Corpacci había dejado la Vicegobernación para ser senadora nacional. En ese entonces, el intendente era José Perea, peronista y prominero.

Esto es: la grieta minera lleva al menos 12 años de vigencia y tuvo su primera manifestación violenta en la gestión provincial de quienes hoy, como opositores, objetan al Gobierno, que además son correligionarios de los intendentes antimineros que administran el municipio desde 2011, uno de los cuales, el actual diputado Alejandro Páez, presidió la Unión Cívica Radical y promulgó la ordenanza que prohibió la minería a cielo abierto en el distrito y fue declarada inconstitucional por la Corte de Justicia.

Los ases de la política local, oficialistas u opositores, habrán de admitir la superioridad de la antiminería insumisa concentrada en Andalgalá. La coincidencia de ambas facciones en que la minería debe ser política de Estado y fuente de recursos para el desarrollo autónomo de Catamarca no encuentra traducción en el epicentro geográfico de la actividad, que fue, por otra parte, la región que mayor cantidad de fondos recibió de la renta minera.

Ocurre que el concepto de diálogo, al que permanentemente se alude como herramienta de superación para todos los conflictos, se ha degradado en un manoseo abusivo.

La violencia nunca es solución para nada. Las versiones sobre el incidente son contrapuestas: los antimineros sostienen que fueron reprimidos, la Policía que debió repeler un ataque. Luego del enfrentamiento en la ruta hacia Agua Rica, los ambientalistas atacaron el domicilio particular del fiscal Martín Camps y el destacamento policial.

En este marco, el intendente Eduardo Córdoba legitimó la acción directa y se colocó en posición de víctima de arteras maniobras del Gobierno provincial, que según él se niega a dialogar y solo pretende imponerle sus políticas.

La pretensión es que el gobernador Raúl Jalil concurra a Andalgalá para dialogar en un contexto de hostilidad que el lord mayor fogonea con sus manifestaciones.

¿En qué consistiría el diálogo? Lo más probable es que la presencia del mandatario en el departamento se convirtiera en oportunidad para una emboscada de facciones interesadas menos en alcanzar algún tipo de acuerdo que en expresar sus repudios.

Córdoba no ha rechazado la violencia y asume la versión de los hechos de los ambientalistas, en una sociedad que está dividida por la cuestión minera. Los ambientalistas se arrogan una representación que no tienen: representan, si, a un sector, pero no a toda la sociedad de Andalgalá, en la que centenares de personas no comparten el rechazo a la minería, trabajan con la minería y tienen expectativas sobre el desarrollo de la actividad.

¿De quién es intendente Córdoba? ¿De los andalgalenses o de los antimineros?

El diálogo, para dejar de ser una ficción, requiere antes que nada el sinceramiento de las posiciones. Si bien es cierto que Jalil dijo que iría a Andalgalá, no lo es menos que ni los concejales ni Córdoba han hecho el más mínimo movimiento para acercarse. Por el contrario, entonado por el reverdecer de la confrontación, Córdoba se reunió solo con los diputados de Juntos por el Cambio para disparar, luego del encuentro, contra el Gobierno.

El Gobierno no puede desconocer que la licencia social para Agua Rica no existe. Es un hecho, y una política minera seria requiere revertirlo. Pero la pacificación de los ánimos en Andalgalá depende en primer lugar del intendente, quien en calidad de tal tiene la obligación institucional de ubicarse por encima de las fracturas y tratar de superarlas.

El Ancasti