Catamarca/Cara y cruz, desde El Ancasti no se callan: "Los culpables, a salvo"

Contundente editorial del diario catamarqueño

La sentencia de la Corte que suspende el otorgamiento de nuevos permisos y habilitaciones para la explotación de litio en el Salar del Hombre Muerto no alcanza a la empresa responsable de que el cacique Román Guitián haya interpuesto la acción de amparo: Livent, la firma norteamericana que controla Minera del Altiplano y recientemente se fusionó con la australiana Allkem en el gigante litífero Arcadium Lithium.

Preocupado por el perjuicio que el fallo provocó en el precio de sus acciones, el emporio emitió un comunicado aclarando que no afecta sus operaciones en Fénix y Sal de la Vida, ya que los permisos y evaluaciones de impacto ambiental para ambos emprendimientos “siguen siendo válidos”.

Es irónico, porque Guitián, como jefe de la comunidad originaria Atacameños del Altiplano, requirió el amparo judicial cansado de la indiferencia de Livent a sus inquietudes ambientales, originadas en la suposición de que el río Trapiche y sus vegas se habían secado debido al accionar de esta firma. El cacique temía que el mismo resultado se diera con el río Los Patos, sobre el cual Livent y Galaxy habían construido un acueducto para llevar agua a Fénix y Sal de la Vida.

Guitián contó que Livent no solo se abstuvo de darle cualquier explicación sobre los efectos ecológicos del acueducto, sino que sometió a la gente de su comunidad a persecusiones.

De modo que en el origen del problema que dispara la sentencia de la Corte está un gerenciamiento defectuoso de las relaciones con las comunidades en las que se inserta de la empresa norteamericana, más grave si se considera que explota el emprendimiento de litio decano de la Argentina, Fénix, que está en funcionamiento desde mediados de la década del ’90, cuando nadie imaginaba siquiera el fabuloso negocio que entrañaba.

Así Livent, responsable del encono de la comunidad originaria Atacameños del Altiplano, queda a resguardo de la decisión de la Corte e incluso sale beneficiada, pues las que deben adecuarse a los tiempos que impone la sentencia son sus competidoras. Hay gente afortunada.

Esta Livent es también la que confesó que defraudó al fisco argentino en 8 millones de dólares, con subfacturaciones de sus exportaciones de litio en 2018-19 por precios hasta 843% inferiores a los del extraído de Jujuy.

Los balances que presentó en la bolsa neoyorkina para fusionarse con Allkem incluían la multa por más de 6.000 millones de pesos que la había impuesto la AFIP por esta transgresión fradulenta.

Poco después, la Aduana descubrió nuevas e idénticas picardías contables perpetradas en 2022, ya por 13,5 millones de dólares, por las que se iniciaron sumarios que, de prosperar, implicarían multas por un monto total de 440 millones de la misma divisa.

Estas novedades se conocieron pocos meses antes del ascenso de Javier Milei a la Presidencia y no volvieron a tenerse noticias sobre los trámites administrativos.

A lo mejor a la AFIP le conviene retomarlos, en estos tiempos en los que al Banco Central necesita tanto el maná de los dólares.

Más allá de lo económico, Livent se erige como ejemplo paradigmático del vampirismo exacerbado en el que incurren los holdings empresarios que no asumen ningún compromiso con el progreso de las regiones en las que se instalan.

La necesidad de imponer por ley que las litíferas formen y contraten gente y proveedores oriundos de los lugares en que se instalan puede ser justificable para el caso de las firmas recién llegadas.

¿Qué justificativo puede esgrimir Livent, cuando explota un emprendimiento que lleva 30 años en Antofagasta de la Sierra?n

El Ancasti