Catamarca: Los Apuntes del Secretario culminaron el año celebrando la actitud de Jalil con la minería

Si durante los años de gobierno de Lucía Corpacci se ordenó la minería con la creación de Camyen, la instalación de Catamarca en los principales foros mundiales del sector, el cierre de las controvers

 

Desde el arranque, el mandatario conjeturó que “sin minería” la provincia era prácticamente “inviable” y por ello tomó determinaciones fuertes, como la de no quedar supeditado administrativamente a los designios de la Justicia y otorgar esa facultad –por ley- al ministerio que conduce Fernanda Ávila; solicitar a la Nación que traspase a la provincia el reservorio de rodocrosita de Minas Capillitas: apurar la integración entre las multinacionales Alumbrera SA y Yamana Gold o, de alguna forma, alentar la posibilidad que la Corte de Justicia resolviera la cuestión de fondo sobre la Ordenanza antiminera que, hace cuatro años, aprobaron los ochos concejales de Andalgalá. Que las cosas hayan llegado a este punto al finalizar el primer año de mandato, sin dudas, es un gran triunfo del gobernador.

En cuanto a la Ordenanza que prohibía hacer minería en la cuenca del Río Andalgalá, la medida dispuesta por la Corte obtuvo más adhesiones que rechazo. La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) sentenció que “el fallo es un mensaje de seguridad jurídica a los inversores”, en tanto la Cámara de Proveedores de Andalgalá profundizó su satisfacción y afirmó que el instrumento legal carecía de solidez y legalidad, impidiendo a su vez que el departamento, en un marco de seguridad ambiental, hiciera uso de sus riquezas. Solamente un centenar de militantes antimineros volvió a expresar su disconformidad, pero lo hizo sin poder rechazar objetivamente los argumentos legales del fallo- Igual temperamento tomaron las autoridades de la Municipalidad de Andalgalá que, a través de la fiscal Soledad Cecenarro, anunció que apelarán la sentencia por vía del recurso extraordinario que deberá resolver la misma Corte de Justicia catamarqueña y, de aprobarse, les permitiría llegar a la Suprema Corte de la Nación. En este desafío, obviamente, juega un papel decisivo el hecho que si el probable veredicto queda firme, la administración municipal deberá hacerse cargo de las costas, cuyos montos no son “chauchas y palitos”.

El Esquiú