Berenstein sostuvo que Argentina debe priorizar la minería

Representantes del sector minero argentino esperan que el presidente Alberto Fernández, quien ya ha tomado rápidas medidas en sectores como el energético y el agrícola, convierta la política minera en política estatal. "El gobierno anterior [de Mauricio Macri] tenía la minería como objetivo y lo que buscamos ahora es que se profundice como política estatal", dijo a BNamericas Luciano Berenstein, director ejecutivo adjunto de la cám

Representantes del sector minero argentino esperan que el presidente Alberto Fernández, quien ya ha tomado rápidas medidas en sectores como el energético y el agrícola, convierta la política minera en política estatal.

"El gobierno anterior [de Mauricio Macri] tenía la minería como objetivo y lo que buscamos ahora es que se profundice como política estatal", dijo a BNamericas Luciano Berenstein, director ejecutivo adjunto de la cámara local de empresarios mineros, CAEM. "La minería es un motor de desarrollo, pero desde ese lugar uno tiene la esperanza de que eso florezca".

Según la base de datos de proyectos de BNamericas, Argentina tiene 11 proyectos mineros en ejecución y, según Berenstein, su potencial de desarrollo es enorme.

"Aunque existen ciertas limitaciones en algunas regiones, hay mucho camino por recorrer en la industria argentina, pero el punto neurálgico de su desarrollo debe incluir reglas claras y una política de Estado", comentó.

Antes de que Macri unificara las regulaciones mineras de 20 de las 23 provincias de Argentina en virtud de un acuerdo federal en 2017, cada provincia tenía sus propias leyes mineras, pero, con la unificación, ahora las mineras pueden operar en todo el país sin el riesgo de que se produzcan cambios regulatorios repentinos.

No obstante, algunas provincias aún conservan el derecho de imponer regulaciones. En La Pampa, por ejemplo, la minería está completamente prohibida, y hace dos semanas y por la presión pública los legisladores de Mendoza derogaron una reforma que había flexibilizado las regulaciones sobre el uso de cianuro y ácido sulfúrico para separar los metales de las rocas.

Debido a la derogación, la provincia perdería inversiones de hasta US$1.200mn, 39.000 nuevos empleos y al menos US$114mn en ingresos fiscales anuales, según la CAEM.

Sin embargo, Berenstein tiene la esperanza de que se seguirá estimulando la actividad minera en la provincia.

"Se hicieron avances y hubo mucho diálogo, pero las circunstancias demostraron que no es el momento todavía", señaló el dirigente gremial. "Creemos que todavía hay posibilidades de avanzar y, por lo tanto, va a llevar a un trabajo de conversar a nivel comunitario y político".

Berenstein no cree que la situación de Mendoza pueda afectar las decisiones de inversión en el país: "Los inversionistas saben dónde pueden o no pueden hacer minería en Argentina".

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