Este martes, el proyecto de protección de glaciares fue aprobado en general en el Senado con 33 votos a favor. Ante dicho acontecimiento, las organizaciones de comunidades organizadas en la defensa de los glaciares emitieron una declaración pública en la que denunciaron la presión de las empresas mineras en la votación de esta iniciativa.
«Rechazamos el acuerdo tomado por los Comités del Senado junto al Ejecutivo para que el proyecto sea revisado en particular por la Comisión de Minería y Energía, pues evidencia la clara influencia que tienen las mineras en los distintos gobiernos, y refuerza la postura del gobierno actual de no querer proteger los glaciares, por el contrario, sólo busca cuidar los intereses de la minería», afirmaron desde la Coordinación de Territorios en Defensa de los Glaciares.
Para la organización, «no es la primera vez que la minería logra maquinear la tramitación de una ley de protección de glaciares. Una de las últimas experiencias fue con el proyecto de Bachelet, que tal como fue denunciado ampliamente y reafirmado por la Corte Suprema del país, parecía más una ley de resguardo de la minería que de protección de los glaciares».
Recordemos que esta situación incluso ha sido reconocida por el senador Guido Girardi, uno de los autores del proyecto: "Lamentablemente tenemos un lobby feroz de empresas del Estado como Codelco y otras que no quieren que haya legislación de glaciares. Lamento que un proyecto como éste tenga que ir a minería. No va por una razón altruista. Minería no quiere que haya esta ley de glaciares".
En esa línea, las organizaciones denunciaron que la principal razón de por qué ningún proyecto de preservación y protección de glaciares ha prosperado y ha sido promulgado en Chile, «es por la gran presión que realizan las actividades extractivistas que los afectan y destruyen su entorno, especialmente la minería, la hidroelectricidad y geotermia, logrando permear a través del lobby y políticas del terror a los parlamentarios, ministros y gobiernos».
«Qué más gráfico que ver al Ministro de Minería Baldo Prokuriza y no a la Ministra de Medio Ambiente, como representante e interlocutor del Ejecutivo en el Senado, señalando: ?De aprobarse este proyecto tal cual como está, los efectos son que al menos 4 grandes proyectos, dos de empresas del Estado, no podrían seguir trabajando, no por el tema de los glaciares sino porque este proyecto se refiere a los glaciares, al permafrost y a los ambientes peri glaciales. O sea estamos hablando de la única legislación del mundo que estaría tocando estos temas'», agregaron en su declaración.
«Como comunidades que defendemos la vida, creemos que tomar malas decisiones, como lo es seguir bajo el lema de Chile País Minero a como dé lugar, tiene un costo muy alto: la destrucción de los glaciares y el ambiente que los alberga y por lo tanto hipotecar las reservas de agua dulce de hoy y el futuro por un lado y por otro la salud de quienes debemos vivir en zonas de sacrificio por los efectos negativos de la minería», reiteraron desde la Coordinación.
Otro punto importante que menciona el comunicado es la situación que se vive en Argentina, donde se acaba de reafirmar la constitucionalidad de la ley de protección de glaciares que explícitamente prohíbe la minería incluso en su entorno.
En ese sentido, las organizaciones desmintieron los dichos del Ministro Prokuriza en el Senado, pues actualmente «son más de 32 proyectos en zona de glaciares que los han destruido y están destruyendo, la mayoría de trasnacionales como Barrick Gold (con Pascua Lama y el proyecto Alturas en el Valle del Elqui) y Alto Maipo, entre tantos más».
Otra figura rechazada por las organizaciones que defienden los glaciares es el actual director de la Unidad de Glaciología y Nieves de la DGA, Gino Casassa, quien participará en futuros Comités Científicos que se han estipulado para la revisión de esta ley. El motivo: «Ser un fiel representante de la puerta giratoria público-empresarial, desempeñándose por años como consultor de empresas que destruyen glaciares».
«Denunciamos su clara intención de relativizar la importancia que tienen los glaciares de menos de 1 hectárea indicando en distintos espacios que no deben protegerse y que además como país no necesitamos una ley en particular de protección de glaciares ya que estos estarían protegidos en un 86% por el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas y en un 14% por el Sistema de Evaluación Ambiental, cuestión que se encargó de desmentir la Senadora Isabel Allende, pues eso implicaría que el 100% se encuentra protegido», acusaron.
Finalmente, insistieron en que lo ocurrido este martes «deja en evidencia la nula voluntad del gobierno de Piñera de proteger el medio ambiente y en particular los glaciares de nuestro país. En ese sentido, creemos que ser sede de la COP25 es sólo una estrategia de marketing internacional y un saludo a la bandera, pues existe una clara inconsistencia entre las intenciones manifestadas públicamente y las decisiones del gobierno».
«Son diversos y cada vez más los territorios que deben abastecerse de agua por camiones aljibes ya que sus cuencas han sido secadas como resultado de la instauración en dictadura del Código de Aguas que privatizó y mercantilizó el agua. Sumado a eso, nos encontramos en un contexto de cambio climático que agudiza la crisis ambiental global. Cabe preguntarse en qué momento como país optaremos por proteger la vida, cuándo vamos a decidir proteger los glaciares y sus entornos para garantizarnos el agua. No podemos olvidar que albergamos el 91% de los hielos de América Latina y que a nivel país el 70% de la población se nutre de agua proveniente de glaciares», concluye el comunicado de la Coordinación de Territorios en Defensa de los Glaciares.
Elciudadano.com
