El conflicto en Antogasta de la Sierra por el proyecto para entubar el río Los Patos en beneficio de la empresa Livent, sucedánea de Minera del Altiplano, dedicada a la explotación del litio en Salar del Hombre Muerto, se eslabona con la paralización de Agua Rica para desnudar uno de los mayores fracasos de la política local. La minería, durante décadas postulada y esperada por los catamarqueños como percutor de un proceso de desarrollo autónomo, carece de licencia social.
La dilapidación de la multimillonaria renta que arrojó para el Estado Bajo La Alumbrera y el oscurantismo que caracterizó posteriormente las tratativas entre representantes del Estado e inversores privados se conjugaron con el atraso en el que continúan ancladas las comunidades que en teoría debían beneficiarse con la actividad.
La experiencia individual del funcionariato que operó la minería desde distintos enclaves de la administración pública contrasta con una memoria colectiva nutrida por experiencias demasiado recientes.
Sobre el ánimo de los antofagasteños en pie de guerra gravita menos la decepción de andalgalenses y belichos rasos por lo escaso de su participación en las utilidades de Alumbrera, que además de regalías dio utilidades al Gobierno provincial vía YMAD, que el desengaño experimentado en cuero propio.
Aunque tributario del oficialismo, el senador del departamento, Mario Carrizo, admitió que los extractores del litio están en falta con la Puna.
"El secretario de Minería (por Rodolfo Micone) está hablando con la empresa para que cambie la actitud y lleve soluciones a la comunidad. En ambas reuniones hubo reproches a la empresa, que está hace más de 20 años y durante muchos años no se la controló", dijo.
En detalle
En nota publicada por El Ancasti el 29 de agosto, Eduardo Aroca fue más exhaustivo.
Tras recordar que la Legislatura sancionó este año en trámite sumario las modificaciones de los contratos celebrados con los privados en 1991 y 1994, para elevar la producción de litio en el Salar del Hombre Muerto a 40 mil toneladas en 2022, con una inversión de 300 millones de dólares, subrayó que las nuevas condiciones habilitan a Livent para usar libremente el "recurso natural más escaso, estratégico y necesario para el equilibrio natural de la ecorregión, como es el agua".
"La empresa minera decidió entubar la cuenca del río Los Patos/Aguas Calientes para que de manera directa e inmediata el agua pura y limpia llegue al predio del emprendimiento minero, distante unos 35 kilómetros aproximadamente. Con ello ese ecosistema desaparecerá y el precario equilibrio de esa parte de la Puna se desbalanceará irremediablemente. El aporte de ese humedal se distribuye tanto de manera superficial como subterránea. Las consecuencias de esta canalización se verán y serán sufridas a futuro. No hicieron estudio de impacto ambiental, no tienen licencia social, pero los camiones con las tuberías ya están en la Villa de Antofagasta esperando", advirtió.
Para Aroca, "los 300 millones de dólares que invertirán los mineros no son para Catamarca; son para acondicionar sus instalaciones y poder extraer más rápido y con menor costo nuestros recursos naturales. Seamos serios: desde la década del ?90 a la fecha Antofagasta de la Sierra no mejoró en nada por el litio, salvo unos pocos puestos laborales y materiales de descarte que reparten como limosna". Tal perspectiva es coincidente con la de pobladores de Antofagasta que, por pocos que sean, parecen los suficientemente bien montados como para paralizar el acueducto en ciernes.
El remache de Aroca: "Ni siquiera analizan que la materia prima es transportada contra declaración jurada a Salta, donde es procesada. Eso lo hace diariamente Tincalayu y FMC o Livent. La elaboración de bórax decahidratado, pentahidratado y anhidro trajo una actividad económica fenomenal a la puna salteña, donde tienen ferrocarril y gas natural ¿La Puna catamarcana? Bien, gracias".
El párrafo condensa inmejorablemente las razones del sentimiento antiminero.
Salta ha sabido obtener del litio catamarqueño, cuando todavía no era un boom, más réditos que los gobiernos catamarqueños.
Omisión
Por mucha bandera que se haga, en base a elogios forasteros, con los supuestos avances en materia minera, lo concreto es que Agua Rica no puede ponerse en marcha hasta salvar planteos judiciales interpuestos por pobladores de Andalgalá que incluyen la obligación de un nuevo informe de impacto ambiental, y que el acueducto del río Los Patos no podrá hacerse hasta que los insumisos antofagasteños sean domesticados.
Menear cifras multimillonarias de inversiones y futuros beneficios resulta inútil para disuadir cabezas formateadas con el precedente Alumbrera, cuyas millonadas no alcanzaron a mejorar de modo significativo las condiciones de vida del común de la gente en el Oeste, ni a ampliarle los horizontes de progreso con actividades alternativas.
La frustración se ha afianzado en lo cultural. La militancia ambientalista se ha encontrado con el desencanto para una sinergia de remonte muy arduo.
Se ve que la conciencia de las responsabilidades en este fracaso pesa sobre la clase política.
Las dos facciones mayoritarias que litigan por el poder en esta campaña han extirpado el tópico minero de sus agendas proselitistas. Coinciden en asignar a la minería "responsable" la condición de "política de Estado", pero no especifican.
Es raro, porque municiones para artillar no faltan en ninguno de los bandos.
El FCS-Cambiemos, denominado a los efectos electorales Juntos por el Cambio, disparó en su momento sobre el contrato celebrado entre la estatal CAMYEN y Yamana Gold por Agua Rica, además de objetar la administración de los recursos de CAMYEN, provenientes de la explotación de rodocrosita.
El Gobierno tiene para sacar un naipe de peso: la licuación de la renta minera ocurrió durante las gestiones radicales, entre corruptelas, desatinos administrativos y el crecimiento exponencial de la planta de empleados públicos.
Es agua pasada, se dirá, pero se trata de las raíces del problema medular que tendrá que afrontar la gestión que viene, cualquiera sea su identidad política: cómo lograr la licencia social para la minería en Catamarca.
Gran interrogante, que los promotores de la minería como "política de Estado" se abstienen de abordar.
El Ancasti
