La Corte Suprema de Justicia declaró la constitucionalidad de la Ley de Glaciares y, de esta forma, falló contra Barrick Exploraciones Argentinas que había planteado su ilegalidad. En sus fundamentos, los jueces fijaron límites para la actividad extractiva en zonas cercanas a recursos naturales, lo que provocará un replanteo de las futuras inversiones.
por Merino Soto
En los considerandos el máximo Tribunal de Justicia, señaló a partir del artículo 41 de la Constitución que "la Ley de Glaciares define el ambiente glaciar y periglacial de forma demasiado amplia y prohíbe de manera absoluta ciertas actividades como la minería".
Fuentes de la industria minera adelantaron que van a trabajar en el marco de la "legislación" dictada por la Corte, pero se mostraron preocupados dado que el fallo "moldea" la actividad sobre la base de "acuerdos" entre Nación y provincia, pero con un sustento "ambiental" que puede parar proyectos y futuras inversiones. Este diario intentó comunicarse con Barrick, pero no hubo respuesta.
En diálogo con BAE Negocios, el secretario de Medio Ambiente, Sergio Bergman sostuvo que "el fallo no modifica lo que era una decisión de política de Estado que cuidar el ambiente en este sector particular de los glaciares que son recursos hídricos estratégicos".
Por su parte, y a partir de un comunicado, la secretaria de Política Minería, Carolina Sánchez dijo que lo dictado por la Corte brinda "certeza al definir la cuestión que venía discutiendo desde hace largo tiempo" en ese sentido la funcionaria resaltó que se está trabajando "con las provincias para potenciar al sector" que es "muy incipiente aún en nuestro país".
Vale recordar que Barrick contó con el apoyo de las autoridades de San Juan. En ese sentido funcionarios del Ministerio de Minería de esta provincia contactados por este diario prefirieron no hacer declaraciones hasta tanto no evaluar el impacto de la norma. Se espera que hoy dé una conferencia de prensa.
Esta provincia había criticado que la ley porque menoscaba sus atribuciones para regular, complementar y desarrollar la materia ambiental en relación a su propia jurisdicción, recursos y territorio.
Consultado, el abogado ambientalista Enrique Viale manifestó que "la Corte puso las cosas en su lugar luego de la construcción ficticia de Barrick".
Además "habla de la responsabilidad compartida en la protección de glaciares entre Nación y provincia, y esto tiene implicancias penales dado que tiene que ver con los deberes de funcionario público", dijo Viale.
Un tema no menor, la Corte calificó como "conjetural" que en un futuro inventario se incluyan zonas protegidas que podrían perjudicar a las mineras.
Bae Negocios
