La morosidad judicial extendió innecesariamente la crisis minera en Andalgalá, que degeneró en violencia con la incineración de las oficinas de la empresa Agua Rica y el ataque a la sede del PJ.
Acorralado por los medios y grupos antimineros, Jalil dio el brazo a torcer. La fiscal le bajó el monto de la caución de $300 mil a $150 mil y seguirán vinculados a la causa. Una nueva derrota minera.
¿Cuál es la clave para no repetir una historia común de desencantos?
A raíz de la experiencia de la minera Bajo de la Alumbrera, el economista y político Mario Fadel traza un mapa de la tensión entre una minería sustentable y la licencia social.