Santa Cruz: Observan la posible existencia de preconceptos antimineros en el cierre de la mina

Lamentable episodio en Cerro Negro:

Tras la lamentable pérdida de dos operarios de la mina Cerro Negro perteneciente a la empresa minera norteamericana, el gobierno provincial, a través del ministerio de Trabajo, ordenó el “cese total preventivo” hasta tanto se informe sobre los protocolos de seguridad vigentes. Existen dudas y algún tipo de prejuzgamiento ideológico  a las medidas adoptadas por el  Gobierno de Santa Cruz que clausuró a la minera propiedad de Newmont. 

El cese de actividades del yacimiento se desprendió por el fatídico accidente que ocurrió  el día 9 de abril del 2024 donde fallecieron los trabajadores mineros Rosana Paola Ledesma y Daniel Alberto Ochoa, ante las cuales el sector en su conjunto definió que “es un lamentable accidente que golpea a toda la industria”.

Toda la comunidad minera provincial y nacional exigió el esclarecimiento de este hecho y se refirió al tema reclamando que autoridades y empresa profundicen la investigación sobre lo que desencadenó el doloroso suceso en mina Cerro Negro. Así lo hizo saber la Asociación Obrera Minera Argentina y el sector empresarial. Este tipo de situaciones extremas son episodios que calan hondo en el sentimiento y existencia del sector aún para quienes comprenden los riesgos que exhibe la industria.

La decisión del cierre de la mina:

Ante este hecho gobernador Claudio Vidal instruyó a su ministro de Trabajo, Julio Gutiérrez, aplicar la contundente medida ya que “las circunstancias del hecho se encuentran en etapa de investigación, no pudiendo precisar a la fecha las causales de las mismas” y que “presumiblemente en el lugar del siniestro podría haber vestigios de múltiples gases al momento no identificados”. Esta decisión fue fundamentada “ante la incertidumbre que de continuar las tareas en forma normal pudiera repetirse el grave hecho aquí descripto”, y a los efectos de “preservar los sitios involucrados en el evento” y la seguridad del personal que allí trabaja.

Para los observadores, de este triste y penoso suceso que se cobro dos vidas en forma inesperada, la medida gubernamental pareció un exceso para efectuar  “el cese total preventivo de la mina Mariana en todos sus frentes de trabajo debiendo la inspeccionada en forma inmediata y en este acto, presentar informe de medición de gases del día 9 de abril del 2024, historial de comunicaciones entre el personal siniestrado y la sala de control y/o aquel sector que ejerza el control de personal en bajo mina, desde el inicio del turno B hasta las 21 horas” tal como sostiene del comunicado expedido por la prensa oficial.

Se comprende que el área afectada por el terrible siniestro era un sector que se encontraba “no operable” desde hace un tiempo y debía estar “bajo la supervisión de las autoridades mineras”, entendiendo que “los responsables de velar por el cumplimento de las normativas, no lo hayan efectuado” oportunamente. Si bien estas especulaciones no fueron exhibidas por las partes involucradas, el tenor de las medidas gubernamentales, aparecen “excesivas”, aunque sean “preventivas” y más se destaca que esa decisión no fuera efectuada por “la justicia ordinaria que es la que debe encargarse de esta situación”.

En declaraciones públicas, el ministro de Trabajo, Julio Gutiérrez, dijo que “hasta el momento, lamentablemente, sólo podemos hacer hipótesis, sobre las causas de las muertes, porque desde la minera no nos han acercado a ningún tipo de documentación que nos dé certeza de lo que pasó”, ignorando que esa documentación que reclama es resorte de las autoridades mineras y la justicia. A la misma vez, mostrando precariedad en su rol y análisis, también expresó a la prensa que “las condiciones observadas en materia de higiene y seguridad de trabajo se detectó falta de presentación del certificado de análisis físico, químico y bacteriológico del agua para el consumo humano de todo el personal que presta servicios en el yacimiento minero Cerro Negro” cuando esta debería ser también parte del trabajo de la autoridad competente. Cabe preguntarse “¿si no había un fallecimiento los trabajadores seguían trabajando con irregularidades?. Este fue el precario argumento que esgrimió para finalmente expresar  que la empresa deberá reacondicionar “la infracción detectada y enunciada precedentemente” exhibiendo preconceptos concebidos.

Observaciones a las medidas:

Las dudas que se desprenden del accionar del gobierno ante esta situación se basan en las decisiones del gobernador y el ministro y los silencios de la secretaria de Minería. Según recordaba un memorioso a “Once Diario” que el gobernador Claudio Vidal hizo su campaña, poniendo como ejemplo que el mandatario, entonces candidato,  introduciéndose en campos privados, mostraba un Pit cerrado de la operadora Triton, hablando negativamente de la actividad sin saber de medio ambiente y como se trata un “terreno que ya no es utilizado para extraer minerales”, cuando el mismo es monitoreado permanentemente por la empresa y la autoridad minera.

Seguidamente, esta misma persona consultada, recordó que la secretaria de Minería provincial,  Nadia Ricci, conocedora muy bien de las operaciones y la actividad minera, no arrimara opiniones más esclarecedoras por este tema. La ex Concejal, que hizo su trayectoria política basada en su relación con las empresas mineras, y que también fuera diputada provincial con una relación cercana a la actividad, ante este hecho no aporte la comprensión necesaria tendiente a definir los roles de contralor de una industria exigida permanentemente al cumplimiento de las leyes.

Por su parte último, el Ministro de Trabajo, conocedor de la operatoria ya la misma mediante métodos singulares hasta transformarse en delegado provincial y luego miembro de la CGT Regional, se aguarda que racionalice las decisiones gubernamentales y que las mismas no aparezcan como parte de una acción ideológica contra las empresas mineras. Gutiérrez denunció que la empresa tiene una actitud “negativa, no brinda la información y no está siendo muy colaborativa a la hora de esclarecer lo que ha sucedido. Ellos dicen que se ponen a disposición, pero no nos entregan la documentación para certificar claramente qué fue lo que pasó”.  Cuando en realidad es la autoridad minera la que aprueba o desaprueba mediante supervisión “in situ” cómo debe proceder para funcionar el yacimiento. Es aquí donde también se observan la posible existencia de preconceptos  por desconocimiento del “cierre de mina”.

Ante lo descripto, es de aguardar que dejen trabajar a la justicia, permitan trabajar a los empleados, procedan a perimetral el área en que se produjo el terrible hecho que costó la vida de dos trabajadores y enlutó la actividad. Delimiten las responsabilidades de quienes originaron esta terrible situación, sin castigar a una industria que provee trabajo, estabilidad social con riqueza para la provincia y el país. Entendiendo que, mientras se continúa trabajando y produciendo, las autoridades “competentes” arriben a la verdad y las responsabilidades del accidente.

Once Diario