Santa Cruz: Newmont destacó las ventajas de invertir en la provincia "Creo que se puede desarrollar en el resto del país"

Javier Velarde, vicepresidente en Latinoamérica de Sustentabilidad y Relaciones Externas de la principal empresa minera de oro y plata del país, disertó en el Consejo de las Américas

Allí destacó la transparencia y las buenas relaciones con los trabajadores, las comunidades y autoridades estatales en la provincia de la Patagonia.

Subrayó que a pesar de la inestabilidad económica de Argentina, las provincias de San Juan y Santa Cruz tienen mejor clima de inversión que Chile y Perú.

El vicepresidente en Latinoamérica de Sustentabilidad y Relaciones Externas de Newmont, Javier Velarde, destacó como una "ventaja comparativa" que tiene la provincia de Santa Cruz para decidir las inversiones en explotación minera, "la transparencia y el buen relacionamiento con los trabajadores, comunidades y autoridades" y consideró que eso es posible trasladarlo al resto del país.

"La transparencia y el buen relacionamiento con los trabajadores, comunidades y autoridades es posible en Argentina, y eso es una ventaja comparativa; lo vivimos nosotros en Santa Cruz, que es donde operamos, y creo que se puede desarrollar en el resto del país", dijo Velarde en durante su disertación en el foro organizado conjuntamente por el Consejo de las Américas y la Cámara de Comercio y Servicios en el Hotel Alvear de Buenos Aires.

"Solo con políticas y marco jurídico estable, transparencia y respeto de los derechos de las comunidades lograremos aprovechar la gran oportunidad que la minería representa para construir un futuro mejor para todos", aseguró el representante de Newmont en Latinoamérica, quien realizó un panorama de la actualidad política de la región y como impacta en el sector.

Aseguró que en relación a otros países en Argentina hay poca exploración minera y para ello "se necesita agilidad en el otorgamiento de concesiones mineras y permisos de exploración, acceso a mano de obra calificada y equipos, pero también acompañamiento del Estado que permita prevenir y manejar adecuadamente el entorno social y ambiental y prevenir con ello conflictos con las comunidades".

También pidió "contar con un entorno regulatorio y tributario estable y confiable, es decir que exista predictibilidad y respeto al marco jurídico existente".

"Somos conscientes de la delicada situación que atraviesa la economía Argentina y los esfuerzos que hacen el Estado por manejar esta situación pero es indudable que las regulaciones cambiarias restrictivas afectan seriamente no solo la atracción de nuevas inversiones mineras sino también la continuidad de actividades mineras existentes y por supuesto también afecta a otros sectores productivos", indicó sobre la actualidad económica.

Javier Velarde explicó que la minería es una industria de "larga maduración" porque demanda inversiones iniciales "muy considerables" además de tecnología de punta y mano de obra calificada. "Una operación de gran minería tomará entre 10 y 15 años, desde la identificación del depósito mineral hasta que se logra ponerlo en producción y esto irá acompañado de miles de millones de dólares de inversión. Durante este largo periodo de maduración los hechos económicos, políticos y sociales pueden afectar el desarrollo, no solo de nuevos proyectos sino también el normal desarrollo de las operaciones existentes, las que ya se encuentran en curso".

"Otros aspectos que por supuesto afectan la competitividad minera son los requisitos y tiempos para obtener licencias y permisos, los costos de exploración, dificultades abastecimiento de insumos que forman parte de la cadena de suministros y las dificultades vinculadas al acceso de capital", agregó.

"Todas estas dificultades hacen que el inversionista tenga un enfoque estratégico y mucha cautela al momento de tomar decisiones respecto de dónde quiere invertir", afirmó y citó el índice de libertades económicas publicado en el 2022 por el Instituto Fraser de Canadá, que ubica a Argentina en el puesto 161 de 165 países. "Esto es obviamente preocupante ya que son precisamente las libertades económicas y la estabilidad jurídica lo que impacta positiva o negativamente en las inversiones. Sin embargo existen también aspectos positivos, el mismo Instituto Fraser publicó el ranking de regiones mineras más atractivas en el cual las provincias argentinas de San Juan, Santa Cruz y Catamarca se encuentran en posiciones muy expectantes sobre todo a nivel de Latinoamérica", subrayó.

"El índice Fraser analiza jurisdicciones mineras y Argentina, al ser un país federal en el que las provincias tienen la propiedad o la titularidad de los recursos mineros, las compara también con países de la región. En función a ese ranking provincias como San Juan y Santa Cruz se encuentran mejor posicionadas que países de una larga tradición minera como Perú y Chile. ello evidencia la gran oportunidad que representa la minería en dichas provincias y Argentina en general", recalcó.

Minería en Argentina: potencial geológico con poca exploración

El vicepresidente en Latinoamérica de Sustentabilidad y Relaciones Externas de Newmont consideró que Argentina es un país geológicamente privilegiado porque cuenta con reservas de oro, plata, litio, entre otros. "Existen 92 proyectos de exploración, pero aun así la inversión en exploración en Argentina es muy baja en relación a otros países de la región. El año pasado, según el Consejo Minero de Chile, Ecuador y Chile invirtieron 1.000 dólares por kilómetro cuadrado de territorio, Perú invirtió 400 dólares y Argentina solo 138 dólares por kilómetro de territorio".

Con respecto al entorno regulatorio y tributario estable y confiable para invertir, Velarde señaló que países como Chile y Perú ofrecen convenios de estabilidad jurídica "que les permite establecer por un periodo de tiempo determinado no solo el régimen tributario sino otros aspectos importantes como son la libre repatriación de capitales, un tipo de cambio libre, libre importación de bienes de capital y servicios, reinversión de capitales con beneficios tributario, etcétera. A cambio de que las empresas cumplan con ciertas condiciones como pueden ser compromisos de inversión, generación de mano de obra u otros requisitos, dependiendo de cada país. Estos convenios además tienen carácter de convenios ley con lo cual no pueden ser modificados unilateralmente por el Estado. Herramientas como estas han tenido un impacto muy significativo para atraer importantes inversiones en la región", enfatizó.

Continuidad del proceso democrático

Con respecto a la estabilidad política, Javier Velarde destacó que en Argentina "las elecciones primarias se hayan desarrollado dentro de un marco de orden y legalidad que garantiza la continuidad del proceso democrático", aunque eso no la exima de "dificultades políticas. "Como es sabido Latinoamérica atraviesa un momento complejo. Entre los países predominantemente mineros, Perú por ejemplo, enfrenta desde hace varios años una crisis política que se ha traducido en violencia y cambio abrupto de gobernantes: seis presidentes en los últimos 5 años. Sin embargo la estabilidad macroeconómica del Perú ha permitido mantener su crecimiento económico al menos hasta el año pasado. En el 2019 la crisis políticas desbordó también en Chile y esto derivó en demandas económicas y en un intento de cambio de Constitución que nos prosperó".

Sobre la "licencia social" advirtió que "en varios países de la región importantes proyectos y operaciones mineras se han visto bloqueadas poniendo en riesgo el normal suministro de cobre y otros minerales críticos. Igualmente es cada vez más común ver como movimientos indígenas se han opuesto enérgicamente a la construcción de nuevas minas sin la debida consulta y negociaciones sobre el acceso a las tierras".

Sobre esta situaciones el representante de Newmont consideró que "resulta cada vez más importante establecer procesos participativos que informen a las comunidades sobre los aspectos positivos y negativos de la actividad que se propone desarrollar, por eso es importante que estos procesos de consulta pública sean liderados por el Estado para garantizar la información, que la información sea completa y veraz, las comunidades tienen derecho a conocer todos los detalles técnicos y ambientales del proyecto, pero también tienen derecho a conocer de qué forma se beneficiarán con la distribución de impuestos, la generación de puestos de trabajo, las oportunidades de negocios derivadas de la cadena de valor, los proyectos sociales que se desarrollarán, etc".

"Pero el sector privado también tiene un rol muy importante que cumplir en la prevención de conflictos y la generación de confianza y condiciones para la inversión. En Newmont aplicamos  estándares globales promovidos por el Consejo Internacional de Minería y Metales. Nosotros reportamos anualmente todos los aspectos de nuestro desempeño y nos adherimos a principios voluntarios sobre seguridad y Derechos Humanos. La transparencia y el buen relacionamiento con los trabajadores, comunidades y autoridades es posible en Argentina, y eso es una ventaja comparativa; lo vivimos nosotros en Santa Cruz que es donde operamos y creo que se puede desarrollar en el resto del país", definió

La Opinión Austral