Minería en Mendoza: otra vuelta al mundo con una marca maldita

Por Marcelo Torrez

Ese aire o sensación de una vuelta a los ‘90 que parece haberse instalado en el humor social y económico del país con la irrupción de Javier Milei en el gobierno y su ola anarcocapitalista, no sólo se manifiesta en la incorporación del busto de Carlos Menem al flamante Salón de los Próceres de la Rosada junto a Alberdi, Roca, Sarmiento, San Martín y Belgrano; tampoco sólo con ese extendido éxito y popularidad que ha alcanzado “Coppola, el representante”, la serie en la que se muestra al desnudo el desparpajo de aquellos años, el impacto del 1 a 1, el buen vivir y el jubileo de los incluidos en las ventajas del libre mercado y en el privilegio alcanzando por los más vivos, los más rápidos, oportunistas y ventajeros. El humor de los 90 ha reaparecido con el necesario, obligado y tardío ajuste generalizado conducido por el libertario y en el sálvese quien pueda, mientras la mayoría de los argentinos intenta hacer de este país una tierra viable y estable. También ha vuelto con la oferta del país al mundo.

Mientras la Legislatura avanza en alguna que otra modificación al código de procedimiento minero y el gobierno local hace correr entre los empresarios la idea de que ahora sí se irá en serio con el desarrollo de la actividad, empezando por donde existe la famosa licencia social en Malargüe, los grandes inversores extranjeros siguen teniendo a Mendoza en la lista negra de los territorios en donde no debiesen incursionar. Han evidenciado en carne propia el conocido refrán “el que se quemó con leche ve una vaca y llora”. Ya se quemaron con las excesivas bondades que prometía la provincia en los 90, durante las primeras incursiones en el mundo en las que se profesaba una apertura en una tierra no preparada ni abonada para tal fin; y luego –cuando el nuevo milenio ya había comenzado–, con otra invitación masiva a invertir dólares en los atractivos recursos inexplotados de Mendoza para sorprenderlos al poco tiempo con una ley lo suficientemente restrictiva, la 7722, como para mantener afuera de los objetivos de inversión a Mendoza en el influyente Informe Fraser: una lista promocionada por el instituto del mismo nombre que se elabora en base a una encuesta entre las principales compañías del sector en torno a recursos minerales, a la infraestructura, al clima de negocios y a las políticas mineras que existen en los estados a lo largo del planeta. Y pese a la reciente misión que encabezó el gobernador Alfredo Cornejo en la feria más importante del mundo minero que se realiza año tras año en Canadá, a Mendoza se la sigue viendo como el “no lugar”. Así lo ha confesado un empresario del sector con intereses en la provincia, con el agregado de que se tendrían que dar más muestras de seguridad, de fe y de confianza de todo lo que se ha venido haciendo, como para tomar seriamente a Mendoza.

Así como se hiciera en los 90, ahora Milei se prepara para ofrendar la Argentina al mundo con un proceso de desregulación y de retiro del Estado como elemento opresor y de estorbo a cualquier emprendimiento. El tiempo y la suerte del plan traerán las respuestas que hoy no se tienen alimentando la incertidumbre.

Si Milei, por caso, consiguiera ahora sí que el Congreso le apruebe una nueva versión de la Ley Bases, estaría abriendo las puertas del país a los grandes inversores munido de una zanahoria que ya se conoce como Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI). Y si eso ocurriera, Mendoza podría tener probadas esperanzas en todos los rubros clave de la economía que están incluidos en el borrador del régimen de incentivos. Se trata del sector minero, el de la agroindustria, el del gas, el de la energía y el del petróleo.

En la nueva versión de la Ley Bases que está circulando, el RIGI está contenido dentro de un total de 64 artículos de los 268 en los que ha quedado reducida tras el rechazo parlamentario. Mientras Milei torea, azuza, aguijonea y provoca a la “casta”, a la vez ha ordenado modificaciones a su ley capital o fundamental del plan de gobierno. El RIGI ha sido una concesión a la política incorporándolo al articulado de la ley, como también ha reducido el objetivo privatizador de las empresas públicas, limitando esa decisión a Aerolíneas, a ENASA y al sistema de radio y televisión públicos y un futuro de concesión, más privatización, a las empresas AYSA, Correo, Trenes, Corredores Viales y a Yacimientos Carboníferos Fiscales.

Cuando termine el feriado de Semana Santa, algunos gobernadores tienen previsto reunirse con Guillermo Francos, el ministro del Interior. El encuentro sería la antesala de un nuevo cónclave entre Milei y los jefes de Estado provinciales, paso previo y necesario al buscado y anunciado Pacto de Mayo en el Milei pretende firmar con los gobernadores diez objetivos básicos, como la columna vertebral de sus reformas y sostén político de todo el plan. Pero antes, algunos días atrás, Francos pudo percibir la dimensión real de algunas de las demandas provinciales cuando reunido con los gobernadores del Norte Grande le plantearon la aplicación del RIGI. Algunas provincias, con recursos naturales y necesitadas de fondos de manera urgente, sin asistencia del Estado nacional, no tendrían más alternativas que ir a buscar capitales afuera. Para ello necesitan dar incentivos. Ven al RIGI como una de las puertas de seducción que podrían abrir.

A Mendoza podría llegar a interesarle por el lado de Potasio Río Colorado, por el lado del recurso petrolero y el de la agroindustria. Podría sumarse, además, todo lo que pueda atraer como inversión privada el fondo de los 1.000 millones de dólares que se ha acumulado por el fallido Portezuelo (Cornejo pretende conseguir el mismo volumen de recursos con aportes del sector privado) y algún que otro proyecto minero como el de San Jorge, en el que sus dueños han hecho llegar al gobierno provincial la garantía de un inmediato comienzo de actividades si es que se le da el visto bueno a la nueva Declaración de Impacto Ambiental que se tuvo que elaborar.

El RIGI es atractivo para gobernadores e intendentes necesitados de recursos para calmar las urgencias sociales en crecimiento y desde ya para el mundo empresario. Se verá, una vez conocido, cómo es recibido por sectores de la oposición y organizaciones gremiales que siempre se han opuesto a los regímenes de beneficios al sector privado. Por caso, de lo que se sabe del RIGI, éste ofrecería beneficios impositivos y aduaneros. Estos grandes emprendimientos no pagarían impuestos a la importación de bienes de capital, tampoco pagarían derechos de exportación luego de tres años de funcionamiento del proyecto, podrían importar y exportar libremente, sin prohibiciones ni restricciones, ni cepos, ni cuotas; también, al cabo de un tiempo podrían disponer libremente de los fondos exportados y vender en el exterior toda su producción, sin estar obligados de comercializar en el mercado interno

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