Mendoza: Por qué (en algún momento) hay que sacar a la Legislatura de las decisiones sobre la minería

La discusión del proyecto del nuevo Código de Procedimientos Mineros nos recordó por qué el filtro político distorsiona el desarrollo de la actividad minera en Mendoza.

Edu Gajardo

El nuevo Código de Procedimientos Mineros obtuvo media sanción en Diputados. Como corresponde al funcionamiento del Estado, el Poder Legislativo está haciendo su trabajo y votó (a favor o en contra) un proyecto que el Ejecutivo envió considerando que es la mejor forma para el desarrollo de una actividad industrial.

Sin embargo, el debate del miércoles -que necesariamente significa de alguna manera marcar posiciones frente a la actividad minera- confirmó que mientras es correcto y normal que un proyecto de ley pase por el recinto legislativo, también ratificó que es absolutamente anormal e ilógico que una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) pase por el filtro político de los legisladores.

Como dijo el mismo gobernador en su viaje a Canadá, el único lugar del mundo en el que existe un filtro político para el desarrollo de la minería es Mendoza a través de la Ley 7.722 en su artículo 3°, el cual pide un aval legislativo para una DIA, que es un documento absolutamente técnico.

El debate del miércoles en Diputados confirmó que -con contadas excepciones- los representantes no están capacitados para el análisis técnico de la actividad minera. Los lugares comunes, repetidos hasta el cansancio, volvieron a aparecer en una discusión que -en teoría- era de un código puntual que debían aprobar o rechazar.

Sin embargo, y con total desconocimiento del funcionamiento de la industria minera, normalizan que sea la Legislatura el lugar en donde se tomen muchas decisiones que -si realmente queremos crecer- no pueden depender más del parecer o de la ideología de un representante político, muchos de los cuales llegaron porque lograron un buen lugar en una lista con buena votación.

Resulta por lo menos curioso que sean los legisladores los que busquen en otros organismos (como el Consejo de Minería), la razón por la cual Mendoza no recibió inversiones desde que se aprobó la normativa antiminera. Eso, porque -justamente- el filtro que ellos mismos significan es la principal razón por la cual nadie vino a poner un peso a la provincia.

Es cierto que hoy el Ejecutivo y, específicamente, los funcionarios que impulsan la actividad están intentando avanzar "a pesar" de la 7.722, acomodándose a un escenario que no es para nada ideal. Tienen claro que la normativa vigente no ayuda y significa que hay que remar el doble o el triple para que algo resulte. De ahí, por ejemplo, que se busquen alternativas como Malargüe Distrito Minero Occidental y un informe de impacto ambiental para toda la zona, intentando que el filtro político no termine de frenar lo que hoy no está frenando ni siquiera el artículo 1° de la ley antiminera.

Es que, hablando de ciencia, ni siquiera las sustancias prohibidas son un freno tan grande como el hecho de dejar a la voluntad del Poder Legislativo una decisión que, en todo el mundo, se toma a partir de organismos especializados e informes técnicos. Tampoco es hoy un freno el supuesto efecto de la minería en el recurso hídrico, porque los datos confirman y reafirman (como dice por ejemplo el Plan Pilares) que hay un uso bajo de agua, con una alta eficiencia y puede hacerse minería sin mayores inconvenientes en Mendoza.

Pero quizás el mejor ejemplo del real problema, es el resultado del informe del Fraser Institute 2021 (porque en el 2022 Mendoza ya no apareció) y que señaló que cuando se encuestó a los ejecutivos de las empresas mineras por política y el potencial mineral, Mendoza estuvo entre los 10 peores lugares del mundo para invertir. Además, el informe destacó que junto a Chubut experimentó la mayor caída en el ranking a partir de la evaluación del accionar político en torno a la industria minera.

Por eso resulta hasta irrespetuoso, que desde la Casa de las Leyes algunos diputados que recién llegaron al recinto, hablen de los miembros del Consejo de Minería como si fueran unos vagos que frenaron el desarrollo minero, cuando el problema principal es una ley que se aprobó en el mismo recinto que hoy están ocupando ellos. Además, y para confirmar su desconocimiento, en el Consejo de Minería hubo y hay profesionales muy destacados, con experiencia en importantes proyectos mineros en el país y en el exterior.

En resumen, lo que se pide es más una cuestión de sentido común, como "pastelero a tus pasteles". En Mendoza muchos políticos normalizaron por su conveniencia la idea de que es la Legislatura es el lugar para discutir sobre el desarrollo de la minería, en lo cual tienen razón, pero cuando hablemos de temas propios del legislador. Sin embargo, los mismos representantes deberían darse cuenta de que los aspectos técnicos, como una DIA, debe estar en manos de especialistas. Eso, porque hasta ahora la política frenó el desarrollo de Mendoza.

Memo