Mendoza/Minería: una Hebe sin filtros, pero con razón de su lado

No fue protocolar y quizás no uso las palabras correctas, pero el fondo de las declaraciones de la vicegobernadora sobre la Ley 7.722 no dejan de ser correctas.

Edu Gajardo

Hay un meme que dice algo así como "para qué me invitan si saben como me pongo". Algo así a la vicegobernadora Hebe Casado, quien suele carecer de algunos filtros y muchas veces larga sin anestesia lo que piensa. La última controversia en torno a eso fueron sus declaraciones a LV Diez, señalando que "la 7.722 fue un invento estúpido de los mendocinos".

El ruido y la molestia que generaron las declaraciones dieron pie para que volvieran a surgir las diferencias que genera la minería al interior de la Legislatura de Mendoza. Todo parecía encaminarse luego que sectores como el Partido Verde apoyara el nuevo Código de Procedimientos Mineros, pero las declaraciones de la vice revolvieron un poco el ambiente, aunque no es algo que no se pueda solucionar.

Sin embargo, si analizamos los dichos de la autoridad provincial podríamos decir algo así como que "no encuentro fallas en su lógica". Si bien no usó las mejores palabras para manifestar una situación, no está lejos de la realidad y de lo que genera la Ley 7.722. En el fondo, tiene razón al culpar a la legislación vigente como uno de los frenos del desarrollo de la industria mendocina.

Es que ahora, que pareciera que de pronto el problema del desarrollo minero de Mendoza es la especulación o los expedientes, nos olvidamos que tenemos una ley que no tiene par en ninguna parte del mundo. En 2007 (cuando se aprobó la norma) ya se podía explotar pórfidos de cobre (mineral sulfurado) con procesos que no chocan con la ley antiminera, por lo que queda claro que el principal freno a la actividad lo sigue constituyendo el aval político que exige la legislación vigente.

No olvidemos que cuando se archivó el proyecto San Jorge, hace más de 10 años, fue por una decisión política y no técnica. Tenía una DIA aprobada para obtener concentrado de cobre a través de flotación, mismo proceso que hoy se promueve en el nuevo impulso minero. De hecho, hace algunos años el proceso -incluso- fue avalado (para esta empresa en particular) por un fallo de la Corte Suprema de la Nación referido al pedido de inconstitucionalidad de la norma antiminera.

Ahora, los que se enojaron en la Legislatura con los dichos de la vicegobernadora pueden pedirle que cuide los términos que usa para referirse a algo, pero no pueden reprocharle el fondo de su planteamiento. Con el paso de los años se terminó de comprobar que la ley que defienden no cuida el agua, que se sigue malgastando a niveles increíbles y que también se contamina -justamente- en las zonas donde más se defiende la norma antiminera.

Si bien se entiende que el Ejecutivo apunta a un proceso de desarrollo  sin tocar la 7.722, evitando conflictos en las calles como ocurrió en 2019 o grandes manifestaciones, existe claridad que es una ley que no beneficia y que no tiene razón de ser, porque pone a la visión ideológica o política por encima de la técnica y la ciencia.

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