La minería vuelve a marcar el debate político en Mendoza: leyes nuevas y ambientalismo en alerta

El Gobierno provincial reinstaló la discusión con una renovada estrategia en la que afirma que la Ley 7722 no se toca.

Desde las Asambleas por el Agua Pura, marcaron la cancha y manifestaron repudio. Qué hay detrás del nuevo Código de procedimientos mineros y de la promoción de “Malargüe Distrito Minero Occidental”.

Marzo de 2024. Mientras las luces de la Vendimia se apagaban, el Gobierno de Mendoza activó la hoja de ruta para afrontar un año lleno de complejidades. Uno de los faros con los que busca iluminar el camino de la gestión provincial en un contexto nacional repleto de incertidumbre es volver a la carga con una de las premisas “imposibles” para estas tierras: promover la actividad minera. Con un aparente cambio de estrategia (como sostener la vigencia de la Ley 7722), el Ejecutivo encabezado por Alfredo Cornejo dio los primeros pasos para, al menos, volver a instalar el debate.

Tras los interminables brindis vendimiales, el gobernador viajó a Canadá para encabezar la comitiva provincial que hizo pie en la Feria Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), en la que participaron las principales empresas mineras del mundo. Desde el norte del continente, Cornejo ofertó la tierra del sol y del buen vino como un terreno fecundo para la minería metalífera (cuprífera en particular). La propuesta que promovió tiene sus particularidades, dado que en el mundo minero conocen bien cuál es la postura de la sociedad mendocina cuando se habla de megaminería.

Por un lado, la renovada propuesta hace foco en la regionalización de la actividad: rige solo para una zona de Malargüe, el departamento donde cada gestión, más allá del signo político, se ha encargado de repetir como un mantra que hay consenso social para la actividad. La segunda particularidad es que se desplegará una serie de leyes y modificaciones normativas para agilizar y desburocratizar los proyectos exploratorios. En tercer lugar, la nueva estrategia consiste en “vender” el potencial de los yacimientos malargüinos bajo el estricto cumplimiento de la Ley 7722. En cuarto orden, cada paso que se está dando se hace bajo un concepto que se repetirá hasta el hartazgo y que no es nada fácil de emparentar cuando de megaminería se trata: que sea sustentable.

 

En este sendero, para promover la ansiada ampliación de la matriz productiva, desde Canadá, Cornejo anunció que enviaba a la Legislatura un proyecto de modificación del Código de Procedimiento Minero. Luego, ya en Mendoza, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, y el director de Minería, Jerónimo Shantal, encabezaron la presentación de la iniciativa ante las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales, y de Economía, Energía, Minería e Industria. Estas comisiones deberán pautar a qué voces autorizadas y organizaciones quieren escuchar antes de emitir dictamen para que el texto llegue al recinto.

Hablaremos de minería, mucho

“Mendoza, con su vasta experiencia y potencial, está capacitada para llevar a cabo la actividad minera de manera sostenible y responsable. Es esencial, por lo tanto, aprobar un Código de Procedimientos Mineros que responda a las exigencias presentes y futuras, priorizando la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades locales”, dice el texto del proyecto de reforma en sus fundamentos. Está claro que el debate minero está instalado y se hablará mucho este año. Asimismo, desde la Nación también se viene instalando con fuerza el tema, con el litio como punta de lanza. Incluso, el Gobierno nacional dejó en claro que el “extractivismo” es clave para la Argentina del futuro. Es más, el presidente Javier Milei lo destacó en el punto 6 del Pacto de Mayo que anunció en el Congreso, reclamando la firma para “un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país”.

Con este aval, Cornejo entendió que era el momento para dar el primer paso, pero de una manera muy distinta a como lo hizo el exgobernador Rodolfo Suarez, quien buscó en los primeros días de su gestión una rápida derogación de la Ley 7722 que terminó naufragando tras la movilización popular.

Entonces, con nueva estrategia bajo el brazo, la ministra Latorre fue hasta la Legislatura y defendió el proyecto para actualizar y modernizar el código de procedimientos mineros, dado que el vigente data de 1945. El nuevo texto consta de tan solo siete artículos, pero de un amplio anexo, más técnico, con 237, divididos en 16 títulos.

La nueva norma, que todavía debe iniciar todo el camino legislativo hasta llegar al recinto, abarca el paso a paso de cada una de las fases que atraviesa un proyecto, desde la prospección hasta el poscierre, y da detalles para hacer minería de primera, segunda y tercera categoría (que son las canteras). En una apretada síntesis, el nuevo código repasa, reforma y moderniza las distintas etapas de la actividad minera en Mendoza, buscando fortalecer la fiscalización y control en toda la cadena de producción.

En un breve punteo, se puede destacar que:

Agiliza trámites y digitaliza expedientes (suma información geológica de la provincia);

Incluye una Declaración Jurada de Buenas Prácticas por parte de todos los actores de la cadena;

Promueve la generación de información relevante de los aspectos socioeconómicos y culturales de las comunidades afectadas;

Genera dictamen vinculante de la Dirección de Hidráulica y/o del Departamento General de Irrigación en caso de posibles afectaciones de cauces fluviales y aluvionales;

Promueve el fortalecimiento de la Policía Minera, con más funciones y mayores responsabilidades para vigilar los trabajos subterráneos y superficiales, y la suma de facultades sancionatorias;

Desde el Ejecutivo subrayaron, más de una vez, que esta nota promueve la protección ambiental. Para despejar dudas, remarcaron que se fortalece la intervención los organismos multisectoriales y también de la participación ciudadana.

De hecho, Latorre distinguió sobre la 7722: “Sigue sin ningún tipo de retoque ni modificación, ni siquiera se hace alusión a la legislación vigente de la 7722. Por lo tanto, las Declaraciones de Impacto Ambiental van a seguir pasando por la Legislatura”.

En tanto, una de las novedades más polémicas es la que detalla el artículo 2, que resalta: “La Autoridad Minera de la provincia de Mendoza es ejercida, en primera instancia administrativa, por el director de Minería de la Provincia”. De aprobarse, el poder de decisión se canalizaría a través de Jerónimo Shantal, en detrimento de lo que se conocía como Consejo Minero. De esta manera, la Autoridad Minera contaría “con la misión central de planificar, ejecutar y administrar la gestión de los derechos mineros, así como de supervisar los procedimientos de inscripción o concesión minera, dependiendo del mineral en cuestión”.

A su turno, Shantal puso en valor que la norma busca agilizar procesos que tardan hasta 10 años para otorgar un permiso, y recordó: “Ninguna provincia tiene el Consejo de Minería”. Volviendo al tono sustentable, remarcó que se trata de modificar una norma de 1945, cuando, “para esa fecha, ni se hablaba de derechos ambientales”. El director de Minería insistió en el concepto de sostenibilidad que se propone “para estar enmarcados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible” que plantea la ONU.

Distrito minero

El anuncio de modificación del Código de Procedimiento Minero no fue la única medida anunciada desde Canadá, dado que el gobernador Cornejo también fue el encargado de dar a conocer que el Ejecutivo buscará darle forma legal al denominado “Malargüe Distrito Minero Occidental” (MDMO). 

En síntesis, se trata de amalgamar una vieja propuesta de zonificar la explotación minera donde, según sostiene el oficialismo, “hay licencia social” para explorar ese potencial. “Vamos a crear un distrito del que ya tenemos informes ambientales que se están desarrollando de 20.000 kilómetros cuadrados. Allí, previa declaración de impacto ambiental, se pueden buscar los minerales críticos, estos que está necesitando el mundo para la transición energética, como es el cobre, entre otros, pero el cobre en particular”, detalló Cornejo. El Gobernador no ahondó mucho más en el punto más controversial, que es generar una sola Declaración de Impacto Ambiental para la exploración de más de 200 permisos, con el objetivo de transitar “una única gestión administrativa y, con ello, agilizar los procesos”, más allá de que, para avanzar, el Ejecutivo sostiene que se deberá contar con una DIA particular con aval legislativo.

La mirada desde el ambientalismo

Rápidas de reflejos, las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (Ampap) activaron una reunión y emitieron un comunicado donde se manifiestan en “estado de alerta y movilización”. Las Asambleas rechazan la concentración del poder en el director de Minería, reclaman sostener el Consejo Minero y repudian la creación de "Malargüe Distrito Minero Occidental". Asimismo, sostienen y defienden todo el articulado de la Ley 7722 y todas las leyes ambientales vigentes.

El geógrafo Marcelo Giraud, docente en la UNCUYO y referente del ambientalismo mendocino, habló con Radio U y dejó en claro su postura ante la decisión del Gobierno de avanzar en el camino de restablecer el debate sobre la minería. “Claramente, una aberración jurídica, un atropello a la legalidad ambiental, tanto en Mendoza como en toda la República Argentina, en función de Ley 5961, que es la Ley Ambiental de la provincia, que tiene 31 años, y la Ley 25675, que es la ley general de Ambiente de la Nación”, sostuvo en diálogo con el programa Dale!

Para Giraud, si hay avance legislativo, “sería fácilmente impugnable ante estrados judiciales”. 

En contrapartida, Giraud dijo que hoy existe la posibilidad de realizar una “evaluación ambiental estratégica”, que es muy distinta de una evaluación de impacto ambiental de un proyecto específico. Esta posibilidad está dentro de la Ley provincial 8051 de Ordenamiento Territorial y Usos de Suelo. “Ese aspecto de la 8051 nunca fue reglamentado y sería muy bueno que se pueda llegar a hacer”, dijo el especialista.

“No son ambientalistas”

Andrés Lombardi (UCR), presidente de la Cámara de Diputados, recibió el proyecto como autoridad máxima del Cámara Baja y defendió la iniciativa del Ejecutivo. En este marco, también habló con Radio U y se refirió a uno de los reclamos particulares de la Asambleas por el Agua Pura, que es la desaparición del Consejo Minero. “Habría que ver cuáles son las funciones que se le atribuyen y podríamos ayudar a incorporarlas, no es algo sustantivo”, dijo el legislador, y manifestó que el nuevo código incluye muchas de las funciones que realizaba este órgano colegiado. 

En tanto, no dejó de resaltar que la norma nueva promueve la participación de las comunidades locales en cada proyecto y apuntó contra el ambientalismo. “Muchas veces (los movimientos ambientales) han sido una máquina de dilatar procesos que no tienen ninguna implicancia ambiental, porque muchas veces los que están ahí no son ambientalistas, sino que son antimineros; no están a favor de del cuidado del medio ambiente, sino de trabar el desarrollo económico”, cerró Lombardi.

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