En la Comarca Andina existe preocupación por el avance de un mega emprendimiento minero

Se trata de una empresa australiana que solicitó 50 mil hectáreas para avanzar en la exploración de diversos minerales en campos ubicados en el límite de Río Negro y Chubut.

La firma australiana Ivael Mining solicitó 50 mil hectáreas para avanzar en la exploración de oro, plata y litio –entre otros minerales-, en campos ubicados en el límite entre las provincias de Río Negro y Chubut, a solo 30 km de El Maitén y a 100 km de El Bolsón.

En primera instancia, el Juzgado Multifueros de El Bolsón argumentó “la exigencia de establecer un mecanismo de consulta con las comunidades originarias involucrados”, aunque la semana pasada el Superior Tribunal de Justicia revocó dicho fallo y habilitó al gobierno provincial a avanzar con los trabajos exploratorios en la zona andina.

Puntualmente, se precisó que “el fallo de primera instancia se emitió sin tener un relevamiento que permita determinar si las tierras ocupadas por los pueblos originarios coinciden con las zonas que abarcan los permisos”. Por el otro, se argumentó que “la sentencia era contradictoria al aceptar que los estudios ambientales y demás actos administrativos realizados por el Ejecutivo eran válidos, pero ordenaba su paralización”.

 

Asimismo, recordaron que “la provincia no desestimó la posibilidad de consultar eventualmente a los pueblos indígenas mediante la celebración de una audiencia, sino que entendió que en esta instancia resulta prematura, toda vez que no hay autorizaciones mineras otorgadas, solo meras solicitudes de exploración en trámite”.

A criterio del STJ, “previo a resolver, el magistrado debió verificar que las tierras involucradas exhibían posesión comunitaria ancestral y que fueran aquellas donde la autoridad de aplicación tramitaba las autorizaciones y/o permisos mineros aquí cuestionados. Dicho error torna incoherente y arbitraria la decisión, toda vez que no es posible identificar cuáles son las prohibiciones, que permisos pueden -o no otorgarse y a quien debería efectuarse la consulta dispuesta”.

Dicha medida había sido solicitada por la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, las comunidades Ancalao, Mariano Solo, Lofche Pulam Lafken, Amulen Che, Newen Ñuke Mapu, Pilquiniyeu del Limay, Ragiñ Plang Curra Meu y el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas. En su pedido, los amparistas alegaron “una afectación de las comunidades” en sus territorios producto de las actividades mineras.

Sin consulta

Al respecto, la defensora oficial, Teresa Hube, consideró este lunes que “fundamos nuestra petición en la consulta previa, donde no se preguntó a las comunidades antes al inicio de los trámites. Hubo una audiencia con funcionarios de Minería, quienes sostienen que han cubierto toda la normativa minera, pero como sabemos es anterior a la constitución de 1994 y además no contempla estas situaciones de los pueblos originarios”.

Remarcó enseguida que “estamos hablando de un total de más de 50 mil hectáreas que ha solicitado la empresa a la Dirección de Minería para extracción o prospección y estudio de minerales de primera y segunda categoría, que son principalmente el oro y la plata, además de una petición por el litio”.

En coincidencia, graficó que desde la Secretaría de Energía “nos respondieron que, antes de la publicación en el Boletín Oficial, ellos consultan al Registro de la Propiedad Inmueble y a la Dirección de Tierras y si ninguno de ellos dice quién es el propietario o el ocupante, no hay superficiarios. Es decir, directamente no consideran a las comunidades originarias como existentes en los territorios porque nadie les ha informado que están”.

“Ante esa realidad, quedó claro que no se hizo consulta previa, que es lo que es el objeto de la demanda”, subrayó.

Tras señalar que “cada pedido es por 5 mil o 6 mil hectáreas”, Hube consideró que “es un avance más de las empresas mineras” y que “nos preocupa los efectos que puedan tener estas actividades, aunque ya es una cuestión política luego de si se decide o no esa actividad”.

Asimismo, detalló que “tuvimos cuatro amicus curiae en defensa de nuestra postura, entre ellos la Defensoría General de la Nación, la iglesia a través del Proclade, el CELS y una entidad de profesionales de tejidos indígenas de Viedma, ante la Cámara de Minería”

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