Colombia: Los abusos de la poderosa minera china que busca dominar los túneles de oro de Buriticá

Mineros artesanales se enfrentan a la poderosa minera china Zijin en Buriticá

La molestia de la comunidad de Higabra, donde Zijin Continental Gold tiene su principal sede de operaciones en Buriticá, se ha convertido en una guerra incluso con explosivos bajo los túneles que componen la codiciada reserva del metal

Por Juan Felipe Sacristán

En el año 2020, el régimen de China se encontró una oportunidad de oro: dominar el proyecto de explotación aurífera más importante de Colombia con la compra de la compañía canadiense Continental Gold Inc. a través de su poderosa firma minera Zijin. La posibilidad de duplicar la producción del metal precioso convenció al régimen chino de entrar como uno de los principales actores de una historia de conflicto que no termina de resolverse.

Con la millonaria transacción (US$989,19 millones), Zijin le puso su prefijo a Continental Gold, recibió los títulos y una infraestructura lista para la explotación de alrededor de 1.900 hectáreas que componen el proyecto aurífero de Buriticá. Un licenciamiento que inició en el 2002 y terminó en 2016 con la venia de la Corporación Autónoma Regional Antioquia, que no tuvo en cuenta la extensa tradición minera artesanal de los pobladores de la región.

El valle de Higabra, donde se encuentra el proyecto, tiene una producción aproximada de hasta 4.000 toneladas diarias de materiales de construcción a cielo abierto y minerales como Zinc, Plomo y Cobre, según cifras de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Además, puede producir hasta 240 mil onzas de oro al año, según las cifras de la propia Zijin, cuya explotación inició en 2020 y tiene potencial para duplicar la producción aurífera de Colombia.

Sin embargo, mucho antes de que llegaran las transnacionales a apoderarse de los títulos mineros de Buriticá y los túneles, el oro era extraído por mineros artesanales. Uno de ellos es Jaime de Jesús Oliveros Ospina, un docente jubilado, escritor y caficultor quien desde hace más de 20 años desarrolla labores de explotación artesanal del metal y derivados en el municipio donde nació.

Oliveros vio la oportunidad de formalizar su trabajo con la Ley 1382 de 2010, que estableció que los explotadores tradicionales podían recibir concesión minera si demostraban trabajos continuos desde antes del 2001. La norma señala que si el área ya tenía un contrato para ese momento, debían demostrar mayor antigüedad.

Jaime de Jesús estaba seguro de que contaba con las condiciones para formalizar su título y el 24 de abril de 2013 radicó la solicitud ante la Agencia Nacional de Minería (ANM), pero la norma fue declarada inexequible. Pese a que la derogatoria de la ley fue posterior a su petición de formalización, la Secretaría de Minas de Antioquia la rechazó “con el fin de evitar perjuicios irremediables a los recursos naturales” y convirtió a Oliveros en un minero ilegítimo.

La decisión de la Secretaría de Minas de Antioquia fue suspendida por el Consejo de Estado en 2016 al conceder medidas cautelares a favor del demandante y prohibió adelantar controles de minería informal contra su explotación. Pero pese al amparo del alto tribunal, Oliveros no ha podido adelantar su labor, según explicó a Infobae Colombia su abogado Camilo Palacio.

Han emprendido denuncias ante instituciones, funcionarios públicos y privados, pero el problema de fondo es que la zona de explotación en la que realiza su labor, como la de varios mineros artesanales, está dentro del título de Continental Golden

“Su familia y colaboradores, han sido víctimas de calumnias, atropellos y persecución, considerando que a su vez representa un peligro inminente porque la operación del polígono se encuentra ubicada específicamente en una franja en el epicentro de las operaciones de la multinacional china, y que sus labores mineras y desarrollo de túneles en el subsuelo, vulneran el área reconocida por el alto tribunal y se ven expuestos a una posible y eventual demanda por explotación ilícita de yacimiento minero”, señaló el abogado.

Una guerra bajo tierra

En el municipio de Buriticá hay 29 títulos mineros vigentes, 4 subcontratos y 38 solicitudes de concesión y la mayoría de ellos se concentra en Higabra, donde Zijin tiene su principal sede de operación. Su proyecto se compone de tres túneles: antigua mina Yaraguá, Rampa Sur e Higabra que para 2021 tenían una longitud de 23 kilómetros que conforman una ciudad subterránea donde se vive “una batalla campal”, según la describen los mineros.

“Hoy la Zijin no tiene todos los títulos mineros y los de los pequeños mineros, que tiene títulos mucho más pequeños, también tienen tanto derecho como ellos, pero les ha sido imposible hacer explotación legal de su título minero. Entonces aquí lo que vemos es una profunda asimetría de poderes empezó por un título que inicialmente era de exploración”, sostuvo la senadora Isabel Cristina Zuleta.

Cuando se realiza la excavación, el material se conduce para su tratamiento y el sobrante se convierte en “pasta”, una mezcla de relaves filtrados, agua y cemento que debe ser inyectada en el Túnel de Higabra, en un retrollenado autorizado por las autoridades ambientales, que permite estabilizar el interior de los túneles. Ese proceso es clave porque los mineros artesanales sostienen que ha sido utilizado como arma en su contra.

Tanto la senadora Isabel Zuleta como líderes mineros informales denuncian el uso de lodos para afectar a quienes se encuentran ilegalmente en los túneles de Zijin Continental Gold y otros interconectados, en Buriticá.

A parte de los túneles de la Zijin, hay muchas otras bocaminas que se han abierto por parte de otros explotadores informales e ilegales que con el paso del tiempo han terminado por encontrarse con los conductos de le empresa china. “Los mineros que están internos viven con la zozobra de que de la noche a la mañana los ataquen. Eso es una guerra campal: el minero tira tatucos y bombas molotov, como la empresa está atacándolos con la Policía Nacional”, señaló a Infobae Colombia un líder que prefiere guardar el anonimato.

Los mineros sostienen que una de las armas en su contra son los lodos. En agosto de 2022 Jesús González y Víctor Peña, dos trabajadores informales, quedaron sepultados dentro de unos socavones conocidos como ‘murciélagos’ de la mina Yaraguá durante el proceso de retrollenado. Tardaron más de 25 días en hallarlos.

Ahora los mineros temen que la situación se repita porque, aunque no ha habido muertos, sí se han presentado lesionados por los lodos. Una situación que, según la senadora Zuleta se vivió en el 2012 cuando las autoridades cerraron bocaminas ilegales por medio del mismo proceso y varias personas terminaron desaparecidas.

“El año pasado intentaron hacer lo mismo cuando empezaron a arrojar los elementos tóxicos. Entonces llegamos la ministra Irene Vélez y yo a decirles: primero la vida y si son delincuentes, que los juzgue un juez de la República, no un minero de otro país. Si se les están metiendo a la mina, eso no es permiso para matar. Entonces aquí el corazón de la discusión es un tema humanitario por el respeto a la vida y un tema de abuso de poder”, sostuvo la congresista a Infobae Colombia.

El conflicto es mucho más profundo, debido a que los mineros manifiestan que han sido objeto de atropellos por parte de miembros de la Policía. La fuerza pública le brinda seguridad a Zijin, a través de convenios que se han firmado desde el 2015, como lo reveló el portal Rutas del Conflicto, para la protección de la infraestructura de la multinacional.

Un ejemplo del conflicto bajo tierra es que se han utilizado explosivos de Indumil (Industria Militar Colombiana) por parte de personas que no tienen autorización para su uso. Según la Procuraduría, las detonaciones han afectado los derechos humanos de los trabajadores de la empresa y de la Policía Nacional, pese a que son estas mismas las encargadas de la custodia y el control de los artefactos.

Movilidad y ambiente

Continental Gold, bajo la administración canadiense, no cumplió con los compromisos ambientales y la inversión forzosa del 1% para la recuperación de los impactos. Aunque plantó 1.004 en 2016 para dar la ilusión de responsabilidad ambiental, en 2020, la ANLA verificó que toda la plantación había muerto porque no se le hizo ni seguimiento ni mantenimiento.

La administración de Zijin ha incumplido 69 requerimientos ambientales por parte de la ANLA, según quedaron establecidos en el último informe de seguimiento en diciembre de 2022. Entre ellos la plantación de 3.400 árboles y un informe que sustente técnicamente el hallazgo de altos niveles de contaminación del agua durante la visita realizada en 2021. Aunque no lo han presentado, señalaron en ese momento que la culpa era de la minería ilegal.

En ese control, la ANLA identificó que del túnel Rampa Sur salía drenaje ácido por altas concentraciones de sulfuro de roca y elementos como plata, arsénico, bismuto, cadmio, azufre, antimonio y selenio. Además, señaló que esas aguas estaban en la quebrada Bermejal: “No se está evitando que las aguas contactadas que pueden presentar características de drenaje acido de roca entren en contacto permanente con el agua lluvia”, señalaron.

Además, de las aguas industriales con características similares del nivel 1 de la mina Yaraguá no se sabía hacia donde conducían porque no iban hacia el depósito dispuesto para almacenarlas. Pese a los requerimientos, para aclarar la situación, en el 2022 la Zijin no había cumplido con las medidas ni entregado explicaciones.

“Se indica que la Autoridad no cuenta con pruebas dinámicas de los depósitos de relaves filtrados, todavía, y si bien existen medidas establecidas, en campo no se evidencia que estén siendo implementadas como por ejemplo los canales perimetrales. En cuanto al manejo de las aguas, la Sociedad presenta unos formatos en donde hay unas mediciones y se evidencia que existe drenaje acido, pero ahí no se aclara de donde provienen esas aguas, si son de infiltración o superficiales”, afirmó la ANLA.

Respecto a la inversión forzosa de no menos del 1% que establece la ley, la compañía debía ejecutar inversiones por más de $1.700 millones de pesos hasta el 2022, que le implicaban construir una planta de tratamiento de aguas para la vereda Higabra y reforestar diferentes áreas. En la visita del 2021 se verificó que no habían iniciado los trabajos de la planta y, en cuanto a unos 1.800 árboles que sembraron, se evidenció que más de la mitad habían muerto. Para diciembre de 2022, los requerimientos se mantenían vigentes.

La senadora Isabel Cristina Zuleta, quien ha acompañado a pobladores y mineros artesanales en sus denuncias, explica el conflicto que se vive en Buriticá en el que se encuentra la minera Zijin Continental Gold.

A los reparos se suma que la minera china funge como dueña de la vereda Higabra. Los pobladores han manifestado a las autoridades desde el 2021 que los visitantes foráneos, como familiares de los habitantes, tienen que pedir permiso a la compañía para ingresar. Además, en la vía que conduce hacia la población, se realizan controles para verificar la identidad de las personas y decidir si se autoriza o se prohíbe su ingreso.

Los mineros artesanales y líderes han adelantado reuniones en Bogotá y Medellín sobre la situación que viven para buscar soluciones y que se estudien sus requerimientos. Además, el Gobierno nacional prepara una reforma al Código Minero que se debería presentar en los próximos meses; la senadora Zuleta es la encargada de formular el proyecto y sostiene que buscará fortalecer los mecanismos para reconocer tanto a mineros informales como legales

Infobae