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Jueves, 09 de Febrero de 2017 08:19 Opinion
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La posible salida de Isolux por una deuda millonaria, los 80 despidos, la resolución de Aranguren, que dividió la Mega usina de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT), la venta de unas pocas toneladas de carbón al norte, y la contradicción entre los funcionarios de la empresa, parecen jaquear el sueño de generaciones de mineros en la cuenca carbonífera.

Cuenca carbonífera se desvive entre el sueño de generar energía a carbón y las medidas que bajan directamente desde la Rosada, con dudosos objetivos.

Según revelaron fuentes cercanas al área de Energía de la Nación: “Isolux está más afuera que adentro, no pudieron negociar, por el reclamo de la deuda que está haciendo la empresa y lo que considera el gobierno que tiene que pagar, en donde hay una brecha importante”.

Según el propio Juan Carlos Goycochea: “La compañía ha recibido por todo concepto un total de $ 8.084 millones de pesos, quedando por cobrar por obra realizada y certificada un total de $ 921 millones de pesos. Estos números han sido auditados por nuestra consultora externa KPMG y su trabajo pongo a su consideración”, dijo en la sección Cartas al País del diario Clarín, ante una falsa información publicada por ese mismo medio.

La Usina de Rio Turbio necesita aproximadamente: “$ 2.000 millones de pesos más para ser finalizada” advierte el empresario, para indicar que, de invertirse ese monto, estaríamos hablando de un total de $ 11.000 millones de pesos por todo concepto”.

El valor internacional para la construcción de una usina de este tipo en el mundo ronda los U$S 3 millones por mega. “Una simple división del costo total en pesos, por 240 megas que tiene el proyecto, más el valor actual de la divisa norteamericana, coloca a este proyecto aún por debajo de los valores internacionales, a pesar de que se trata de una obra en el confín de la Argentina continental. Por lo tanto, no se entiende de dónde puede salir el supuesto sobreprecio de la misma

Otro miembro de la empresa reveló: “Todo lo que es seguir adelante con la obra depende del gobierno Nacional y del Ministro de Energía”.

Despidos y retiros

Como una réplica de los tormentosos años 90, durante el auge privatizador y de vaciamiento de las empresas públicas, liberalismo feroz, consenso de Washington que derivó en un estallido social vivido en el 2001, elevando la desocupación a la máxima, hoy preocupan algunas señales que remiten a esos tiempos.

El gerente de Relaciones Institucionales de YCRT Francisco Roldán, anunció semanas atrás el despido de un grupo de 79 trabajadores, acusando a los trabajadores de “falta de compromiso” con la empresa, incumplir las normas de la compañía e incurrir en faltas laborales graves. La realidad es que estos despidos, se suman a los más de 200 ejecutados en lo que va de la gestión del interventor Omar Zeidan y a los despidos encubiertos bajo la forma de retiros voluntarios.

Posteriormente y con una sorpresiva resolución, se conoció la decisión emanada desde la intervención de YCRT, respecto a la implementación de un régimen de retiros voluntarios para el personal de la empresa a instancias del “proceso de restructuración organizativa de la empresa y así cumplir con los objetivos de actualizar el estado de situación”.

En este marco, según reza el documento oficial, “se considera conveniente la creación de un régimen de retiro voluntario para el personal de planta permanente de YCRT que esté dispuesto a adherir al mismo”. Asimismo, se indica que dicho proceso demanda “sin desmedro de los objetivos a alcanzarse generan políticas y regímenes que en cada caso contemplen una justa protección de los derechos de los trabajadores involucrados”. La medida trajo malos recuerdos a los trabajadores, sobre todos a los que conocieron la “bastarda” figura de los retiros voluntarios.

En manos de Energía

A través de la Resolución 6-E 2017, Aranguren dejó sin efecto la Resolución Nº1866 del 23 de noviembre de 2006, que regulaba la licitación para el contrato de la obra pública de la Central Termoeléctrica a carbón.

Esta determinación –según indicaron en ATE- genera un profundo malestar en los trabajadores al no tener precisiones sobre el alcance de esta medida, ya que el traspaso de la obra a la Secretaría de Energía Eléctrica modificará el panorama laboral.

La decisión habría surgido a raíz del informe emitido por la Sindicatura General de la Nación; en el marco de la auditoría dispuesta en el Artículo Nº2 del Decreto Nº257 del 26 de enero de 2016 y de la Resolución Nº10 del 5 de febrero del mismo año, se destacó la inexistencia en la ex Secretaría de Minería de un área con competencia para opinar sobre cuestiones técnicas y económicas de todo lo concerniente a obras termoeléctricas, en especial, la de la central de Río Turbio.

La reunión se llevó a cabo este lunes a última hora, “El ministro nos informó que ellos estiman que la posibilidad de poner en marcha la actividad en la usina no vaya más allá al mes de febrero. Eso posibilitaría que en un plazo de 10 meses poner en función la primera etapa y 18 meses después para poner a pleno en funcionamiento las dos turbinas de la usina”, señaló Hugo Godoy.

En ese contexto, el titular de ATE se mostró preocupado al señalar que “es una decisión del gobierno regularizar la situación jurídica de las empresas” y ratificó que “para nosotros es un tema grave y preocupante el haber denunciado el convenio colectivo porque su objetivo es modificarlo. Nosotros ratificamos la posición del gremio de defender los derechos conquistados y que fundamentalmente es necesario que se ponga a funcionar la usina para generar confianza y así poder discutir otras cuestiones”.

Finalmente agregó que “quedamos en concretar una reunión con el interventor la semana que viene para avanzar en temas en concreto”.

Contradicciones

El propio interventor aseguró que en marzo podría estar funcionando una de las turbinas de la usina, mientras que uno de sus propios técnicos asesores había manifestado, que en realidad el mes de inicio sería diciembre. Lo cierto es que según consignaron las fuentes, hoy la empresa Isolux Corsand no firmaría ningún contrato, y la obra podría quedar inconclusa por lo menos hasta la obtención de nuevas licitaciones o que finalmente haya un acuerdo entre el Estado Nacional y la empresa. “Se haría cargo ENARSA, quien se encargaría de subcontratar Empresas que trabajen con ese tipo de tecnología”, indicaron fuentes gremiales.

Toneladas y sueldos

Finalmente vale decir, uno de los anuncios realizados por la empresa hace escasos días estuvo vinculado al envió 320 toneladas de carbón a Loyola para comercializar. Desde la localidad salió un tren con 28 vagones, transportando carbón fino, plataformas para traslado de materiales, y bigbags para el embolsado de caliza.

No obstante, según indicaron antiguos trabajadores a este medio, “se trata de venta de carbón al menudeo, van camiones de Santa fe, compran para reemplazar el gas que sale más caro, son para hornos de fábricas de ladrillos, cerámicos, etc” en este sentido las trescientos veinte toneladas son unos 15 camiones. En este marco, “el año pasado se vendió carbón por algo más del millón de pesos, pero con eso a penas pagas los sueldos de los gerentes, con ello engañan a la opinión pública“.

El sueño de generaciones y generaciones de mineros, sobre producir energía con carbón parece dormido entre decisiones sin certezas y amagues del Gobierno Nacional, mientras el tiempo se transforma en un testigo clave, debido a la tendencia del actual Gobierno a quitar y ajustar empresas que no sean redituables alcanza estructuras como las de YCRT, en la que mensualmente el Gobierno Nacional debe pagar millones para sueldos, y que por lo tanto se aleja radicalmente de las ideas liberales de este modelo económico que intenta imponerse en el país.

 

Tiempo Sur // Por Ignacio Silva Fuentes